"No me corresponde hacer conjeturas, quiero ser prudente. Para mí esto cambia todo, cambia todo el escenario, obviamente", aseguró Sandra Arroyo Salgado en diálogo con radio Vorterix. La frase responde al análisis que hace la querella sobre el hallazgo de un arma que estaba registrada a nombre de Alberto Nisman en la casa de su mamá.
El martes por la tarde, luego de una declaración espontánea de Sara Garfunkel, mamá del fiscal fallecido, la División Homicidios de la Policía Federal realizó un allanamiento en el barrio de Belgrano, por orden de la jueza Fabiana Palmaghini. Durante el operativo encontraron un arma dentro de un sobre. De acuerdo al relato de la familia, la pistola estaba entre las pertenencias del fiscal que habían enviado días atrás desde la UFI-AMIA.
Su ex mujer aseguró que hasta esta semana el paradero de las armas que Nisman tenía registradas a su nombre era un misterio. Es más, recalcó que durante la convivencia de la pareja nunca hubo pistolas en su casa. "Nosotros vivimos juntos en cuatro lugares distintos y jamás hubo armas", resaltó.
Este hallazgo generó nuevas preguntas en torno a la figura de Diego Lagomarsino. Los investigadores quieren saber qué pudo haber motivado a Nisman a pedir un arma prestada si ya contaba con una que estaba registrada a su nombre y, aparentemente, se encontraba a su alcance.
"La querella representa los intereses de las víctimas. Los que representan los intereses de la sociedad en la persecución del delito es la fiscal. Quiero ver qué medidas toma", acotó Arroyo Salgado, quien ya dejó en claro en el expediente que no está conforme con la forma en que instruye la pesquisa Viviana Fein.
La ex mujer de Nisman confirmó que el 27 de abril se realizará la junta médica que cotejará el informe realizado por la querella con las pericias oficiales. Arroyo Salgado pretende que el trabajo sea realizado por peritos con trayectoria y con un equipo interdisciplinario.
La jueza rechazó las versiones de quienes dicen que pretende llevar la investigación al fuero federal y criticó con énfasis las voces que indican que su familia pretende cobrar un seguro de vida que había tramitado el fiscal fallecido.
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