:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/6BLEH3UMYNAT5MCP3YEXYPOQE4 420w)
El gobernante Partido Popular (PP) mantuvo, durante al menos dieciocho años, una contabilidad al margen de la oficial, afirmó el juez Pablo Ruz al cerrar su instrucción sobre el caso, informó este lunes la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
El magistrado, que propone abrir juicio por este caso a tres ex responsables de la formación, así como a otras tres personas, considera que el PP "desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal" y operó con "varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido".
El juez Ruz considera que, durante esos años, el PP, que actualmente preside el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió donaciones y realizó distintos pagos por medio de esa caja B, entre los que figurarían sobresueldos a altos cargos del partido o la reforma de su sede central en Madrid.
:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/MCVIP3C3QBDFZOCWFCD2VHUYV4 420w)
El magistrado constató, además, la "existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o cajas B".
Sin embargo, matiza que la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado sólo responsable civil subsidiario.
Para el magistrado, esta contabilidad estaba a cargo del gerente y del tesorero del partido y no se declaraba a la Hacienda Pública.
Por ello, el juez propone juzgar por delitos contra la Hacienda Pública a los ex tesoreros y al ex gerente de la formación conservadora Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García y su empleada Laura Montero, que realizó la reforma de la sede del PP.
:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/Z2VNYYAXVBCADMV2RY3DHTW2DI 420w)
También considera a Lapuerta y Bárcenas responsables de un delito de apropiación indebida, al tiempo que saca de la causa a 22 imputados en el caso, entre ellos, empresarios que habrían hecho donaciones al PP, y el ex ministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes.
Este escándalo no es nuevo. A principios de 2013 el diario conservador El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP.
Poco después El País publicó unas anotaciones manuscritas, bautizadas "los papeles de Bárcenas", que señalaban entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008.
El jefe del Gobierno español, que en octubre pasado pidió perdón por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, y se distanció de él y lo calificó de "delincuente".
La corrupción es una de las mayores preocupaciones de los españoles con el desempleo, según las encuestas de opinión, y uno de los principales temas de campaña de fuerzas emergentes como Podemos, de izquierda, y Ciudadanos, de centroderecha.