La Justicia de Brasil aprobó, el jueves, investigar al actual gobernador de Río de Janeiro, a su predecesor y al del estado de Acre (norte), todos de la coalición gobernante, por la corrupción empresarial y política en Petrobras.
La Fiscalía de la nación informó que habían detectado "indicios de los crímenes de corrupción pasiva y lavado de activos" en las delaciones premiadas que hicieron acusados que confesaron su participación a cambio de una reducción en sus condenas.
La luz verde la dio un tribunal superior con poderes para juzgar gobernadores y se suma al proceso por el escándalo de sobornos y desvío de fondos que giró unos 4.000 millones de dólares durante la última década, según la policía, que ya puso bajo la lupa de la Justicia a 12 senadores y 22 diputados de cinco partidos.
Tanto el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, como Sergio Cabral, que lo antecedió, pertenecen al partido PMDB (centro), un pilar de la base aliada del gobierno que conduce el Partido de los Trabajadores (izquierda), al que está suscripto Tiao Viana, del estado de Acre.
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Según la Fiscalía, el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa afirmó que Pezao y Cabral, junto con otro funcionario del estado de Río de Janeiro, recurrieron a él para solicitarle el desvío de 30 millones de reales (unos 9,5 millones de dólares al cambio actual) aportados por empresas contratistas de Petrobras supuestamente para financiar la campaña electoral de 2010.
"En los autos que involucran al gobernador de Acre (la fiscalía) solicitó, más allá de su declaración, informaciones sobre las donaciones de campaña", dijo el organismo en el comunicado.
El estallido del escándalo de sobornos, fraudes, desvío de fondos y lavado de dinero dentro de la petrolera estatal salpicó a buena parte de la élite empresarial y política de Brasil, en momentos en que el país atraviesa una crisis de credibilidad en sus instituciones y un panorama económico muy negativo.
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