La Fiscalía chilena allanó la casa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidente Michelle Bachelet, el pasado 6 de marzo. La diligencia fue encabezada por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, quien acudió al domicilio de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, en el sector santiaguino de La Reina, acompañado de carabineros, según reveló hoy el diario electrónico El Mostrador.
La información fue luego confirmada por fuentes oficiales y, de acuerdo con el periódico, el allanamiento se realizó "cuando todo el país observaba atento" la audiencia judicial del caso Penta, que involucra a un poderoso grupo financiero local.
El fiscal incautó "diversos soportes técnicos y documentación relacionados con la investigación que busca determinar la existencia de eventuales ilícitos en el proceso de compra y venta por parte de la empresa Caval, ligada al matrimonio", señala la información.
Precisa que el miércoles de la semana pasada el Juzgado de Garantía de Rancagua emitió la resolución con la "orden de entrada, registro e incautación", en el marco de la causa que lidera Toledo que investiga eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
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La orden autoriza a "abrir correspondencia cerrada", "incautar todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito" y hacer "uso de la fuerza pública en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento".
Tras hacerse pública la incautación, el ministro de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró que el allanamiento no afectará la imagen de la mandataria chilena. "El liderazgo de la presidente es claro, los chilenos conocen su trayectoria de servicio público de toda la vida, así que no creo que tenga un impacto sustantivo", afirmó.
Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de éste un préstamo del Banco de Chile por el equivalente a unos 10,4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de dólares.
En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia.
La repercusión del caso ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, que en un año ha caído 18 puntos, hasta el 34%, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública Cadem.
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