La Corte Suprema de Brasil dio luz verde para que el fiscal general investigue a 12 senadores y 22 diputados en funciones, entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición de gobierno, por presuntos vínculos con una conjura para cobrar sobornos en la compañía petrolera estatal Petrobras.
En total, la resolución habilita a la fiscalía general a poner bajo la lupa a 49 autoridades actuales y políticos que en algún momento tuvieron cargos públicos, informó la fiscalía, que estará a cargo de las pesquisas.
La lista de investigados incluye a Renán Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, y a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, ambos del PMDB, un aliado clave del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). También está el ex presidente y actual senador Fernando Collor, quien fue obligado a renunciar a la presidencia por un escándalo de corrupción en 1992.
"La instauración de investigaciones fue considerada viable porque hay indicios de ilegalidad", dijo en un comunicado la Corte Suprema, citando al ministro que lleva la causa, Teori Zavascki.
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Los fiscales federales afirman que descubrieron el contubernio de corrupción más grande en la historia de Brasil. Dicen que por más de una década, las empresas constructoras y de ingeniería más grandes del país pagaron al menos u$s800 millones a ex ejecutivos de Petrobras y a otros a cambio de contratos inflados.
La presidente Dilma Rousseff no será investigada por este escándalo pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo no tener competencia para investigar a la mandataria.
Las revelaciones de la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) alcanzaron al PT cuando su tesorero, João Vaccari Neto, fue llevado a declarar por la fuerza y luego liberado. De acuerdo con las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal y operadores políticos variaba entre 1% y 3% del total de los multimillonarios contratos.
Los incluidos en la lista serán ahora investigados cuidadosamente por el Supremo. Este decidirá después si les imputa un delito o no, esto es, si hay pruebas suficientes como para sospechar fehacientemente que se beneficiaron del esquema general de corrupción que atravesaba de arriba abajo la petrolera pública.
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