La falta de datos oficiales sobre las desapariciones forzadas en México alarma a la ONU

La delegación del gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo precisar el número total de secuestrados por el narcotráfico y la violencia estatal. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el ojo de la tormenta

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 AFP 163
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México no logró hoy colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

, que reiteradamente lo cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país. Los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle preguntaron a la delegación en distintas ocasiones sobre los registros oficiales u oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país, pero

sólo recibieron en respuesta algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones

.


El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11.309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

México busca a 11.309 personas, pero estos son sólo los casos denunciados

Pero García no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito. Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18.000 personas hasta el 31 de octubre de 2014, "el 69 por ciento". Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México admitió hoy que la desaparición forzada constituye un grave problema de seguridad en México. El presidente de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, indicó que los derechos humanos en el país "enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes".

"La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real", expresó González ante el Comité.

La desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también fue parte de la reunión. El primero en referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio.

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En la sala estaban dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escucharon las explicaciones dadas en distintas ocasiones por los 27 miembros de la delegación mexicana. El escepticismo de Legideño y Abraján quedó en evidencia en varias ocasiones en las que sus cabezas se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones.

En un encuentro posterior con la prensa, Legideño denunció la inacción del gobierno mexicano y los engaños de las autoridades. "Hay inconsistencias en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se los investiga?", se preguntó.

"Hoy decidimos venir aquí para que nos apoyen para que se haga Justicia"

Legideño agregó que, durante las intervenciones de los representantes del gobierno mexicano, les escuchó hablar de apoyo a los familiares de desaparecidos, pero dijo que "eso es falso". "Hoy decidimos venir aquí para que nos apoyen para que se haga Justicia y que se acabe este tormento", indicó por su parte Bernabé.

Otro de los temas más recurrentes durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas fue el de la protección de los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos de algunos casos, "dado que queremos evitar la revictimización", especificó Hazan. También estuvo entre los asuntos más reiterados la reforma constitucional que permitirá que haya una sola legislación en la federación mexicana sobre las desapariciones forzadas, dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni tan siquiera incluyen ese delito.