La denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman realizó contra Fernando Esteche, acusándolo de ser el nexo entre los iraníes y el gobierno nacional para encubrir el atentado a la AMIA, hizo que cobrara importancia la negociación que le permitió al líder de Quebracho salir en libertad antes de lo previsto y las gestiones que hizo un sector del kirchnerismo en función de ello.
Esteche estaba detenido desde 2013 en la Unidad 19 de Ezeiza. Se lo acusaba por dos hechos: haber provocado destrozos a un local partidario del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch en el marco de una protesta por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en abril de 2007; y otro por los daños causados durante una movilización de Quebracho ante la llegada de una misión del FMI a nuestro país en 2004.
En noviembre de 2014, Esteche acordó una pena con la fiscal de juicio Stella Maris Scandura, quien al tener en cuenta el conjunto de causas en su contra, pidió al Tribunal Oral Federal 5 que fijara una pena única de cuatro años y 6 meses de prisión.
Cuando los jueces Adrián Paduczak, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott comenzaron a evaluar qué pena imponían a Esteche, no tardaron en recibir presiones y llamados en pos que sean pocos los años de prisión. Es que con el tiempo que llevaba detenido el líder de Quebracho, si la condena era leve, podía salir en libertad condicional.
Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, fueron funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, quienes bregaron en forma insistente ante los jueces: pedían por una leve condena para el líder de Quebracho.
Al Tribunal le llamaba la atención que el kirchnerismo intercediera por Esteche, cuando nunca antes había habido un apoyo explícito hacia el líder de Quebracho. ¿Cuáles eran los motivos? Ese episodio cobra relevancia y llama la atención hoy ante la denuncia del fallecido Nisman, quien involucró a Esteche como nexo del Gobierno con los iraníes para desvincular a éstos del atentado a la AMIA.
Se sumó luego lo que algunas fuentes consideran que fue la alternativa para lograr la liberación de Esteche, luego que el Tribunal impusiera una pena única de cuatro años y seis meses y el líder de Quebracho permaneciera en prisión. La intervención de Florencia Saintout, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
La defensa de Esteche estaba a cargo del abogado Fernando Burlando, el mismo que ayer se presentó como defensor suyo en la denuncia que le hizo Nisman por el tema AMIA. La estrategia consistió en presentar un doctorado en Comunicación en el que se graduó Esteche en esa casa de estudios, y amparándose en el artículo 140 de la ley 24.660 que prevé que "los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes".
Esa ley permite el descuento de un plazo de hasta 20 meses para acceder a la libertad condicional, algo que tuvo en cuenta el juez Daniel Obligado, quien regulaba la detención de Esteche, para finalmente concedérsela.
Fue el propio activista quien ayer reconoció que acudió al kirchnerismo en búsqueda de apoyo, y que en esa circunstancia incluso conoció a Ramón Allan Bogado, otro de los acusados por Nisman en el encubrimiento del atentado y quien se suponía era agente de la SIDE, algo que desmintió el organismo.
Según Esteche, en una reunión en la Jefatura de Gabinete en 2012, cuando estaba a cargo Juan Manuel Abal Medina, Bogado le fue presentado bajo el nombre de "Christian Vázquez o Christian Oraz": "Él iba a cargo de la cuestión judicial mía por parte del Ejecutivo", aseguró el líder de Quebracho que le dijeron.
El hecho de hace meses cobra un significado que antes no lo tenía. Esteche recibe el apoyo del Gobierno para obtener la excarcelación, sale bajo libertad condicional, y a los pocos meses, es acusado de ser parte junto con la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de una maniobra para encubrir el atentado a la AMIA.
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