La Procuración General comenzó este jueves con su estrategia para intentar revertir el revés que le asestó el juez Enrique Lavié Pico cuando accedió a suspender la designación de 16 fiscales subrogantes realizada en las últimas horas de 2014. El organismo que encabeza Alejandra Gils Carbó apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la decisión adoptada por el magistrado de hacer lugar al pedido del diputado provincial Mauricio D´Alessandro, del Frente Renovador.
La decisión del juez es "irrazonable y caprichosa" y "es demostrativa de la falta de imparcialidad del magistrado que la dictó" , sostiene el escrito.
Fuentes judiciales adelantaron que la Procuración presentará el lunes el informe que requirió el juez cuando accedió al pedido de D´Alessandro. Y confiaron en que, una vez cumplida esa solicitud, la medida precautelar quedará sin efecto. Por eso interpretan que, de no haber un fallo judicial, podrían llevarse a cabo las designaciones el 2 de febrero próximo, al reanudarse la actividad judicial.
El optimismo de las fuentes sobre el futuro de esas designaciones chocará, no obstante, contra los otros planteos que hay al respecto. Ocurre que el del legislador massista fue el primer recurso al que hizo lugar Lavié Pico. Luego tomó una decisión inédita a favor de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación y otra para el gremio judicial que dirige Julio Piumato. En las últimas horas sumó uno más: el amparo que solicitó la agrupación Será Justicia.
Por eso, la Procuración también solicitó que se unifiquen las seis causas por el mismo hecho que tramitan en el fuero en un solo expediente (hay otras dos causas en otros juzgados).
La apelación al primer fallo la hizo el área de Servicios Jurídicos de la Procuración, a cargo de Laura Delfino. Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá evaluar si confirma o no lo que decidió el juez de primera instancia.
Las dieciséis designaciones fueron hechas por Gils Carbó el 30 de diciembre pasado en función de los nuevos cargos habilitados a partir de la reforma del Código Procesal Penal, pese a que aún no está vigente. Ese fue uno de los argumentos del juez para dictar la precautelar dejándolos sin efecto.
La oposición cuestionó a varios de los fiscales nombrados por ser afines políticamente a la procuradora general.
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