Las acciones del Gobierno en YPF valen u$s420 millones menos desde que asumió su control

Cuando en 2012 Axel Kicillof irrumpió en las oficinas de YPF, en nombre del gobierno nacional, para quedarse con 51% de las tenencias de las acciones que tenía Repsol en la empresa, el valor bursátil de la compañía era de 7.640 millones de dólares, porque la acción cotizaba en Wall Street a u$s19,50 y el barril del crudo se movía entre 105 y 120 dólares el barril, según se mire el WTI o el Brent.

Desde ese momento hasta el 26 de febrero de 2014, cuando el ministro de Economía y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, acordaron una compensación de u$s5.000 millones de valor nominal, ampliable a 6.000 millones si el precio de los bonos bajaba, la capitalización de la petrolera se elevó a más de 10.500 millones de dólares, pese a que el crudo había descendido a menos de 95 dólares el barril.

A partir de ahí la tonificación de la economía mundial, que hizo empinar el precio del crudo a más de 115 dólares, y en el orden local la maduración, aunque lenta, del plan piloto del nuevo presidente de YPF Miguel Galuccio para explorar y explotar el megarreservorio de gas y petróleo de modo no convencional en Vaca Muerta, Neuquén, la petrolera pasó a valer más de 16.300 millones de dólares.

A precios de mercado hoy el estado hubiera pagado menos de 4.600 millones de dólares

Sin embargo, las buenas noticias no se mantuvieron y aparecieron las malas de modo casi simultáneo. La Argentina ingresó en un nuevo default a partir de agosto último, aunque selectivo, al decidir el Gobierno no honrar un fallo judicial a favor de los holdouts, y en el mundo se inicia una guerra de precios del petróleo entre países árabes y los EEUU y Venezuela.

Con ese escenario la cotización del petróleo se derrumba al menor nivel en seis años y la acción de YPF, con un valor en el Nasdaq por debajo de 25 dólares, lleva el valor bursátil a 9.640 millones de dólares.

De ahí que desde la expulsión de la participación de Repsol en el capital de YPF la empresa no sólo se descapitalizó en casi u$s 900 millones, sino que el Estado perdió unos u$s 420 millones, porque hoy hubiese pagado unos 4.580 millones de dólares.