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Las cláusulas secretas del acuerdo entre Chevron e YPF quedaron cerca de salir a la luz: la jueza María José Sarmiento ordenó que la petrolera argentina entregue en un plazo máximo de diez días hábiles los documentos solicitados por el diputado Manuel Garrido.
El legislador radical había presentado un pedido de amparo el 29 de mayo pasado para reclamar que la empresa estatal hiciese públicas las cláusulas del contrato que firmó con la petrolera norteamericana para la explotación de una porción del yacimiento Vaca Muerta. Un día antes de que termine el año, la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 se lo concedió, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Cada vez que le consultaron sobre el tema, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, insistió en que no existen cláusulas secretas, sino que se trata de cuatro artículos "confidenciales por tratarse de dos compañías privadas que cotizan en bolsa". El gobierno nacional asegura que no toda la información de YPF es pública porque no se trata de una empresa estatal común y corriente, sino de una sociedad anónima cuyo 51% está en manos públicas.
Aunque nunca se dieron a conocer de forma oficial, distintos tramos de esas cláusulas fueron revelados por el periodismo en distintos momentos. En agosto del año pasado, trascendió el tema (aunque no la redacción) de tres de ellas. Luego, en octubre, el prestigioso The New York Times publicó más información al respecto. Pero aún falta la información oficial.
Si YPF cumpliera con la decisión de la jueza Sarmiento, debería entregar la información entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero. Pero lo más probable es que los abogados de la petrolera resuelvan apelar la decisión. El propio Galuccio había ya señalado en su momento que revelar esas cláusulas podría generar inestabilidad jurídica y poner un freno a la llegada de inversiones.
La respuesta de YPF
La petrolera estatal informó a través de un comunicado que apelará la decisión y recordó que "la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene que resolver la apelación, ya ha rechazado un planteo idéntico al efectuado por Garrido, que en su momento realizó el senador Rubén Giustiniani".
En esa ocasión -repasó YPF- la Justicia indicó que la compañía "debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima regida por el capítulo II, Sección V de la ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública".
Finalmente la empresa argentina remarcó que "cumplió con todas las obligaciones que surgen de la ley de Sociedades Comerciales y de la de Mercado de Capitales", ya que "difundió oportunamente todos los aspectos materiales del contrato celebrado con Chevron".