El Ministerio de Justicia será querellante en el caso que involucra a sus propios funcionarios

En un fallo dividido y polémico, la Cámara Federal le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante en causas que podrían implicar a funcionarios bajo su órbita y que están vinculadas al caso Ciccone. Allí el vicepresidente Amado Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Una de las causas investiga la sospechosa desaparición de expedientes vinculados al caso Ciccone de las oficinas de la IGJ, en marzo de 2012. En esos papeles estaban registradas las firmas que estuvieron detrás de la compra de la empresa gráfica, una prueba clave que podría comprometer a Boudou. Es que se cree que allí figura el nombre del verdadero dueño de la imprenta.

Los expedientes involucran a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone); London Supply, la firma que aportó dinero para el levantamiento de la quiebra, y el fondo The Old Fund, el cual se utilizó para adquirirla.

Una vez que se detectó que se perdieron estas carpetas, la IGJ ordenó su "reconstrucción". Es un trámite habitual que se utiliza en oficinas públicas y en tribunales. Sin embargo en muchas oportunidades es muy difícil reunir la información que constaba en las actuaciones originales, tal como sucedió en este caso. Al pronunciarse sobre el llamativo episodio, el ministro Alak justificó: "En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla".

El Ministerio acusó por la pérdida del expediente a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, hoy asesora de la diputada Margarita Stolbizer y testigo clave en la causa Hotesur.

La primera información la dio a conocer el diario La Nación, y luego se llevó el caso a la Justicia. La denuncia que está en poder de María Servini de Cubría apunta contra Alak, el vicepresidente Boudou; el ex titular de la IGJ, Norberto Carlos Berner, y su antecesor, Marcelo Mamberti.

La otra causa es una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió, quien acusó que ni bien estalló el escándalo Ciccone se implementó un "cepo informativo" para darle protección a Boudou.

El Ministerio de Justicia ahora podrá ser querellante de la causa en donde sus funcionarios son investigados, pues así lo resolvieron los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Eso le permitirá al organismo no sólo tener acceso a las dos causas, sino además impulsar medidas de prueba y acusar.

Servini de Cubría había rechazado al Ministerio como querellante porque consideró que era algo contradictorio. Los camaristas Freiler y Ballestero tuvieron en cuenta que el artículo 4 de la ley 17.516 contempla que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública".

Los camaristas advirtieron que se confunde entre "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo". Además, rechazaron la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

El tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, votó en disidencia. "La calidad de querellante solicitada resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado", concluyó.

Farah recordó que en la causa por el "cepo informativo" que se habría impuesto para proteger a Boudou desde el Gobierno, se investiga a funcionarios del Ministerio de Justicia y que de acuerdo a la acusación fiscal aquellos "no pudieron desconocer los eventos que rodearon la presunta pérdida del expediente de la firma The Old Fund".