"El Papa está con ustedes", le dijo el nuncio mexicano a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos

Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en México pidieron este lunes la intervención del papa Francisco para hacer más visible su búsqueda de justicia, mientras el Gobierno reconoció que el país requiere una "transformación más profunda" en este campo.

El nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, ofició una misa para pedir por los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, sureño estado de Guerrero, y por la justicia, la reconciliación y la paz en México.

"El Papa está con ustedes", dijo Pierre a los familiares de los desaparecidos en la ceremonia realizada en la cancha de fútbol de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Tixtla, donde estudiaban los 43 jóvenes.

La Iglesia católica comparte su dolor y les acompaña de manera permanente a través de la oración, afirmó el representante papal.

Los padres portaban pancartas con mensajes como "Feliz Navidad, (Enrique) Peña Nieto, nosotros vamos a seguir buscando a nuestros desaparecidos", "Jesucristo murió por la verdad. ¿Dónde están?" o "Feliz Navidad, hijo mío, donde quiera que te encuentres".

Tras la misa, los padres se reunieron en privado durante más de media hora con el nuncio, a quien entregaron varias cartas dirigidas al papa Francisco.

Las familias quieren que el máximo jerarca del catolicismo intervenga para hacer más visible su caso. El pontífice ha aludido en dos ocasiones al caso durante su tradicional audiencia general de los miércoles, la última el 12 de noviembre.

En la Plaza de San Pedro, Francisco expresó ese día su cercanía a todos los mexicanos por los "momentos dolorosos" que están viviendo y lanzó una denuncia de la "dramática realidad" y "la criminalidad" que existe en México.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de una ola de ataques a tiros de policías municipales en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas, presuntamente ordenados por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy sometido a proceso penal.

Según la investigación oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula, vecino a Iguala, una versión en la que los familiares no creen.

Este lunes, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, informó que el alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, fue detenido de forma preventiva por la desaparición de los estudiantes, y no está desaparecido como afirmaron el fin de semana su esposa, Lizbeth Alarcón, y el diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya.

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"Está arraigado" (sujeto a detención preventiva) en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) "por la desaparición de los normalistas y todo el drama que se ha vivido en la región", dijo Ortega a la emisora Radio Red.

El diputado Raya y la esposa del alcalde afirmaron que desconocían el paradero de Peñaloza desde el pasado viernes, cuando el político se desplazó a la capital mexicana para responder a un citatorio de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).

Por este caso hay unos 80 detenidos, de los cuales más de una decena son policías municipales de Cocula.

En tanto, el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, reconoció que el país necesita una "transformación más profunda" en seguridad y justicia para ponerle un "alto" a la delincuencia.

En un acto público en el central Estado de México, Nuño aludió a los momentos "difíciles" que vive el país por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

"El país exige justicia por los actos de barbarie cometidos en Iguala. (...) Sociedad y Gobierno tenemos que caminar hombro con hombro para evitar que se repitan" y luchar "en contra de los verdaderos enemigos": la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción, señaló.

La desaparición de los estudiantes ha generado una crisis de credibilidad para el Gobierno e impactado negativamente la imagen del presidente Peña Nieto tanto en el país como en el resto del mundo.