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La renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convirtió este año en tema de debate debido a las tres bajas que la dejarán en 2015 con sólo cuatro integrantes: los fallecimientos de Carmen Argibay y Santiago Petracchi, y la inminente jubilación de Raúl Zaffaroni abrieron la discusión sobre la necesidad de designar a un nuevo miembro, para que el Máximo Tribunal cuente con el mínimo de cinco jueces que exige la ley.
Sin embargo, el tema podría potenciarse porque desde hace tiempo circula la versión de que el kirchnerismo pretende desbancar a Carlos Fayt, el magistrado de 96 años con el que se encuentra enfrentado y que en más de una ocasión fue blanco de las críticas de diversos dirigentes oficialistas que lo acusan de no estar en condiciones de ejercer el cargo por su avanzada edad.
Esta avanzada se formalizó ahora con el pedido de juicio político que presentó el diputado nacional Carlos Raimundi, bajo las causales de "mal desempeño de sus funciones o inhabilidad psicofísica para el ejercicio de las mismas".
"El propósito de esta petición no es el castigo al Dr. Fayt, que ha demostrado su compromiso y entrega a la función judicial incluso más allá de lo exigible, sino la protección del interés público", se aclara en el documento que además incluye un pedido para que el juez sea sometido a análisis psicofísicos.
La presentación fue realizada el pasado 1 de diciembre ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, pero recién trascendió en las últimas horas.
Allí se reclama que "se efectúen las pericias necesarias para evaluar que el Dr. Fayt se encuentra en situación de cumplir acabadamente con sus tareas jurisdiccionales, tomando en consideración la gran cantidad de causas a resolver".
Entre los considerandos se fundamenta que el juez votó a favor del diario La Nación en la causa que discute la deuda de ese diario con la AFIP cuando habría estado o estaría casado con Margarita Escribano, hermana del miembro del directorio del mencionado periódico, José Claudio Escribano, lo cual representaría un conflicto de intereses.
Sobre la edad del magistrado se plantea el tema de la "inamovilidad judicial", que tiene por finalidad asegurar la independencia del Poder Judicial frente a los avances de los otros poderes; en ese sentido se señala que "no es un privilegio ni una garantía personal, sino, más bien, se trata de una garantía para toda la sociedad de contar con jueces independientes, de modo de no dejarlos a merced de los cambios políticos".
"Dicha garantía no significa que permanecía indefinida sin obligaciones a cargo de los magistrados. No tiene como fin excluyente la protección personal del magistrado ni es un derecho absoluto en beneficio de su titular. Forma parte de un plexo institucional cuyo límite es la razonabilidad en cuanto al pleno ejercicio de las capacidades psicofísicas y el completo cumplimiento de la funcional jurisdiccional. La diligencia al magistrado de tal jerarquía debe ser continua, y no de una subsistencia forzada que haga presumir que otras personas desempeñan su tarea", concluye.
El diputado Raimundi remarcó -en radio Del Plata- que no quiere "cargar contra la edad de una persona", sino que apunta a que "la sociedad esté segura de que quienes integran un tribunal están en las condiciones que corresponden".