Hace una semana, cuatro artificieros murieron y otros dos sufrieron heridas grave por el estallido de un artefacto en una vivienda de Zummar, en la región de Nínive. Según testigos citados por la agencia de noticias humanitarias IRIN, la bomba estaba preparada para que explotase cuando se abriera la puerta de un baño.
El Grupo Consultivo de Minas (MAG), con sede en Londres, ha alertado por boca de su directora para Irak, Nina Seecharan, del "riesgos significativo" al que se expone "un gran número de personas" que intenta regresar a sus hogares tras huir de los ataques de Estado Islámico. Un artículo de Europa Press señala que esta ONG lleva meses informando a las familias para que tengan cuidado, especialmente los niños, "que son curiosos por naturaleza y no perciben el peligro".
Uno de los testigos de la explosión de Zummar del 29 de octubre, el artificiero Omer Hasán, ha abogado por "marcar" las localidades que ahora están "llenas de peligros" por esas "bombas trampa".
Hasán ha relatado cómo los milicianos ocultan explosivos en linternas porque saben que las fuerzas kurdas "las necesitan". "Los peshmergas las cogen, las encienden (...) y pierden una mano", ha advertido este hombre, que ya hace 20 años perdió una pierna por la explosión de una mina.
Irak, marcado por décadas de conflicto y disputas territoriales, está considerado uno de los países más minados del mundo. Según un observatorio asociado a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), alrededor de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio iraquí son zonas potencialmente peligrosas.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó a finales de octubre de que alrededor de 3.000 explosivos y minas han quedado en la localidad de Jurf al Sajr, en Babilonia, tras la retirada de los yihadistas. Un portavoz de la OCHA, David Swanson, ha subrayado la necesidad de atajar "urgentemente" amenazas como ésta.
NUEVA AMENAZA
El director de la unidad de prevención de la firma que sufrió la explosión de Zummar (IKMAA), Ako Aziz, ha reconocido a IRIN que los artificieros no están "especializados" en detectar y desactivar artefactos improvisados (IED) y "necesitan más entrenamiento y experiencia".
En este sentido, ha indicado que los milicianos de Estado Islámico son "muy técnicos" al dejar sus bombas trampa, no sólo por la "alta calidad de los explosivos" sino porque utilizan "muchas formas y tipos diferentes".
Más de una decena de empresas privadas de desminado trabajan en Irak. Muchas de ellas son contratadas por compañías petroleras y gasistas que buscan limpiar terrenos concretos para su posterior exploración, aunque parte de ellas también colaboran con el Gobierno en construcción de infraestructuras o creación de parques nacionales.
Irak, firmante en 2007 del Tratado de Ottawa para la prohibición de las minas antipersona, tiene la obligación de limpiar todo el país de estos artefactos antes del año 2018. Un informe publicado en agosto de 2013 por el Observatorio de Minas del ICBL cifraba en 29.000 las víctimas de accidentes relacionados con estas bombas, 15.000 de ellas en el Kurdistán iraquí --incluidos 6.000 muertos--.
En 2012, 42 personas murieron en alguno de los 84 accidentes relacionados con las minas antipersona, según datos del IKMAA. Desde ese año, once artificieros han perdido la vida mientras realizaban tareas de limpieza en el Kurdistán.
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