"Si quieren hacer política, los jueces deberían presentarse a elecciones"

La Corte Suprema resolvió ayer reponer una medida cautelar en favor de los medios de comunicación que mantienen una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que quiere decir que mientras se prolongue el litigio judicial entre el ente recaudador y un conjunto de diarios de todo el país, el organismo no podrá intentar cobrar la deuda impositiva que se discute en la Justicia.

En referencia a este tema, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó con dureza al Máximo Tribunal y dijo que fue un fallo político. "El fallo de la Corte Suprema por la reposición de una medida cautelar sobre el pago de una deuda del diario La Nación, demuestra la parcialidad de la Corte y a su vez un enfoque que está asociado a la violación de un principio esencial de la constitución: igualdad ante la Ley", dijo.

"Si quieren hacer política, los jueces deberían presentarse a elecciones", desafió el funcionario. "La Corte, implícitamente, está reconociendo que el diario no va a hacerse cargo de la mora". Según Capitanich, "la deuda puede llegar a 340 millones de pesos", pero la Corte le dijo al diario que tiene el privilegio de no pagar la mora. "Es muy importante sostener que estamos violando el principio de igualdad ante la ley", advirtió.

En 2003, el entonces presidente Eduardo Duhalde había eliminado el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal, excepto para los medios de comunicación y el transporte de carga. Si bien la medida tenía una vigencia determinada, esos diarios, a través de una cautelar, lograron seguir exentos del pago de ese impuesto. La situación se prolongó una década, al no resolverse la cuestión de fondo.

"Es un fallo político y una afrenta a instituciones republicanas de la Argentina", sostuvo Capitanich. La Corte que preside Ricardo Lorenzetti, restableció la cautelar que había dejado sin efecto la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y consideró que el Gobierno, a través de varias leyes y regímenes impositivos, "discriminó" a los medios de comunicación.

Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (Elena Highton lo hizo en disidencia y Raúl Zaffaroni no firmó el fallo) resolvieron reponer la medida cautelar y consideraron que "no debe considerarse en mora a las entidades actoras que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales con los alcances concedidos por aquella medida".

Aprovechó para criticar a los medios de comunicación y negó que la distribución de la pauta oficial sea usada como mecanismo para coartar la libertad de expresión. "Siempre los grupos mediáticos concentrados agreden a Gobierno por la publicidad oficial. La publicidad oficial no tiene una participación superior entre el 3 y 5%; mientras que dentro de la publicidad total, la publicidad privada está fuertemente focalizada hacia los grupos mediáticos concentrados", explicó.