Los máximos responsable del Centro Clandestino de Detención conocido como "La Cacha", entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz, fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que los encontró responsables del delito de "genocidio perpetrado durante la última dictadura militar" al "intervenir en la matanza de miembros de un grupo nacional".
Además del ex director General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta los también represores Anselmo Palavezzati; Carlos Romero Pavón; Isaac Miranda; Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Héctor Di Pasquale; Ricardo Fernández; Jaime Lamont Smart; Horacio Elizardo Luján; Miguel Ángel Amigo; Julio César Garachico; Roberto Balmaceda; Gustavo Cacivio; Emilio Herrero Anzorena; y Héctor Acuña.
En tanto, las condenas para Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande fueron de 13 años de prisión perpetua; de 12 años para Juan Carlos Herzberg; mientras que el único absuelto fue el militar retirado Luis Perea.
Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se declaró "conforme" con el fallo, y dijo a que "ahora tenemos la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la cárcel".
El tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus exhortó al Ejecutivo nacional y provincial a que, una vez firme la sentencia, "dé inicio al proceso por exoneración de los condenados y a la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".
Los magistrados también encomendaron a ambos gobiernos a que desafecten los predios donde funcionaron el destacamento 101 y el CCD "La Cacha" para que sean destinados a sitios de la memoria.
La decisión del TOF Nº1 de La Plata se dio en el marco de la causa que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en "La Cacha" y que alcanzaba a 135 víctimas, siete de las cuales estaban embarazadas y una de ellas era la hija de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo.
El proceso, que unificó tres causas, había comenzado el 18 de diciembre de 2013 y tenía 21 imputados que pertenecían a la Armada, el Ejército, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Algunas de las víctimas que pasaron por el CCD se encontraban embarazadas, como fueron los casos de Laura Carlotto (madre del nieto restituido Ignacio Guido Montoya Carlotto), Graciela Quesada (cuyo hijo/a debió nacer en enero de 1978), Olga Casado (madre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado), María Elena Corvalán (madre de la nieta Natalia Suárez Nelson Corvalán), María Rosa Tolosa de Reggiardo (madre de los nietos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa), Cristina Lucía Marrocco de Picardi (su hijo/a debió nacer en noviembre de 1977), y de la embarazada liberada Elsa Mattía.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.
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