"Dicen que vamos a invadir los campos, ¿con qué? ¿Con tanques de guerra? ¿Con Gendarmería?"

La nueva Ley de Abastecimiento fue aprobada y ya hay polémica en torno a sus facultades: en el debate en Diputados, el propio oficialismo reconoció que la normativa es para "disponer" de los granos que los ruralistas se niegan a vender, afectando las reservas del Banco Central. Pero esta mañana, el Gobierno salió a aclarar que no tiene intención de intervenir los campos.

"Dicen que vamos a invadir los campos. ¿Con qué? ¿Con tanques de guerra? ¿Con la Gendarmería?", ironizó el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, en diálogo con el programa "Página abierta" de radio América.

El dirigente camporista apuntó contra los medios de comunicación por "generar miedo y sacar la pelota afuera de la cancha". "¿La Ley de Abastecimiento sirve para pedirle a una empresa que no produzca más? No. ¿Sirve para clausurar una empresa? No. Sirve para cuando hay una situación de necesidad básica. No una lapicera, sino leche o nafta. Si una empresa que es monopólica no quiere poner a la góndola esa necesidad básica de la población, el Estado puede solicitar a la empresa que lo haga. Y si no lo hace, le pone una multa. Pasa en todo el mundo", alegó.

"Los empresarios están contentos porque no van a ser más explotados por los grandes grupos concentrados"

El blanco de la ley, sostuvo, serán los "empresarios pícaros" que "dominan el mercado" y afectan a consumidores, proveedores y PyME. El segundo del Ministerio de Justicia incluso aventuró que "el 95% o el 99% de los empresarios están de acuerdo" con la nueva regulación ya que se trata de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) que no están afectadas por la ley. "Están contentos porque no van a ser más explotados por los grandes grupos concentrados", señaló.

Con una curiosa ayuda opositora, el oficialismo sancionó esta madrugada la nueva Ley de Abastecimiento con 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones. También fueron aprobadas la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero especial para conflictos entre empresas y consumidores. Esos proyectos tuvieron un mayor respaldo, incluyendo el voto de los massistas y de los trotskistas del Frente de Izquierda.