El juicio que enfrenta el líder opositor Leopoldo López por su presunta vinculación con los hechos violentos que causaron tres muertos al término de una marcha multitudinaria pacífica que se realizó el pasado 12 de febrero en Caracas, continuará el próximo 10 de septiembre.
El anuncio lo hizo la jueza Susana Barreiros al término de la cuarta audiencia en la cual cuatro de los cinco funcionarios de la policía científica que hicieron la inspección técnica de las patrullas destruidas durante los violentos sucesos a las afueras de la sede del Ministerio Público, declararon en calidad de
testigos.
"Dios está con nosotros, con nuestra causa que es la de toda Venezuela. La próxima audiencia será el 10 de septiembre", dijo Lilian Tintori, esposa del también dirigente del partido Voluntad Popular.
Y agregó que "este es un juicio injusto, es un juicio político, es un juicio lleno de vicios. La Fiscalía, es decir, el gobierno, tiene 78 testigos de los cuales 76 son militantes del Psuv, qué desastre, qué desorden de juicio, es un juicio ilegal y tirano".
El juicio de López comenzó el pasado 23 de julio a pesar que la defensa denunció que el juzgado 28 a cargo de la jueza Barrientos "desestimó las pruebas de inocencia necesarias" para garantizar "el legítimo derecho a la defensa y la igualdad procesal" del político venezolano.
"Las pruebas son el arma potencial de la defensa para revelar la verdad sobre la responsabilidad de Leopoldo López en los delitos que se le acusa", insistió Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados que integran el equipo de defensa de López.
En este sentido anunció que "la próxima semana presentarán un recurso ante la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar le sean admitidas las pruebas a la defensa".
"Este es un juicio donde se trata de revivir únicamente las pruebas que ha presentado la Fiscalía, porque a nosotros no se nos han aceptado las nuestras, entonces en esa sala solo habrá una media verdad y con una media verdad jamás habrá justicia", dijo.
López, de 43 años, que permanece desde el pasado 18 de febrero preso en la cárcel militar de ramo Verde, fue trasladado en la mañana de hoy al Palacio de Justicia para la audiencia.
El político venezolano está acusado de los delitos de instigación pública, agavillamiento, daños a la propiedad e incendio, que podrían significarle 13 de años de prisión si prospera la acusación del Ministerio Público.
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