De manera sorpresiva, el juez Thomas Griesa convocó a las partes a una nueva audiencia, que comenzó este jueves cerca de las 16, hora argentina. Al inicio de la misma el magistrado afirmó que la Argentina "ha tomado el equivalente a una posición ilegal", al enviar al Congreso un proyecto de ley que cambia el domicilio de pago de los bonistas.
En esa línea, Griesa señaló que estaba "consternado" porque Argentina no había hecho consultas legales antes de avanzar en la propuesta, dijeron agencias internacionales.
De todas formas, el juez no declaró al país en desacato. Dijo que es prematuro y que habrá que esperar los próximos pasos. Pero sí delizó que cualquier entidad que ayude a la Argentina a esquivar su sentencia (pagarles a los holdouts) estará también en violación de los dictámenes de la Justicia de EEUU.
El magistrado dijo a los abogados de ambas partes que una declaración de desacato no sumaría nada a las perspectivas de un acuerdo entre Argentina y sus acreedores. "Lo que es de necesidad primordial es tener un acuerdo", dijo Griesa. "Tiene que haber una solución", agregó.
En otro pasaje de la audiencia, insólitamente, según la agencia NA, los abogados de la Argentina (el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) aseguraron este jueves ante el juez que no estaban "enterados" del proyecto del Gobierno para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados.
No es la primera vez que los abogados de Cleary manifiestan desconocer los planes de su cliente. Esto mismo lo hicieron en audiencias pasadas cuando Griesa le recriminaba la posición de los funcionarios argentinos. "Son un país soberano y actúan como tal", dijeron los abogados en ese momento.
Griesa, en definitiva, ordenó a la Argentina no seguir adelante con el plan para pagar su deuda externa a nivel local, como Cristina Fernández había propuesto. "Es ilegal y no puede llevarse a cabo", dijo el juez, según reproduce la agencia Bloomberg.
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