En medio de una fuerte polémica, empieza el debate por la reforma a la ley de Abastecimiento

Los tres proyectos del Gobierno para modificar la ley de Abastecimiento y darle más poder al Estado para intervenir en las cadenas de producción y comercialización empezarán a ser tratados desde esta tarde, a las 17, por un plenario de comisiones del Senado, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de varias asociaciones de usuarios y consumidores.

Los textos de ley que proponen una nueva regulación en la actividad productiva y el consumo, y el que establece un sistema de resolución de conflicto entre usuarios y empresas, serán discutidos por las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales, de Industria y Comercio, y de Presupuesto y Hacienda.

Por su parte,

será analizado solo por la Comisión de Industria y Comercio.

Hoy, en principio, comenzará a tratarse uno de los tres proyectos que menos malestar provoca en el sector privado. Se trata del referente a la creación de fueros judiciales para dirimir las controversias entre comerciantes y consumidores.

Fuentes del oficialismo aseguraron que la discusión arrancará tras el informe que brindará el mismo el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. En la jornada de hoy se espera que los senadores fijen la agenda de trabajo para el debate de los otros dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, entre los cuales se encuentra el más rechazado, el referente al nuevo marco regulatorio.

Hasta el momento, la intención del kirchnerismo fue duramente criticada, y a coro, por todas las organizaciones empresarias, desde la Unión Industrial (UIA) y la Asociación Empresaria (AEA) hasta la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), pasando por los bancos de ABA y ADEBA, la Sociedad Rural, la COPAL y la Cámara de Comercio (CAC), entre otras.

Sobre el texto de constitución de nuevos fueros judiciales nacionales, señala que su objetivo es "encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo" cuenta con el visto bueno tanto del oficialismo como de la oposición.

En ese marco, el proyecto enviado hace dos semanas por la presidente Cristina Kirchner al Senado impulsa la "creación de mecanismos legales para que estén a disposición de los consumidores y usuarios para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo".

La iniciativa crea tres instrumentos: el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (COPREC); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

El Coprec es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma de dinero que no exceda los 55 salarios mínimos. De acuerdo con el proyecto, el procedimiento de conciliación tendrá un plazo máximo de 30 días.

A su turno, la Auditoría estará facultada para determinar el resarcimiento al consumidor, siempre que no se haya llegado a un acuerdo conciliatorio ante el Coprec.

En tanto, el nuevo fuero estará compuesto por ocho juzgados federales de Primera Instancia, dentro de los cuales funcionarán tres fiscalías y tres defensorías, y una Cámara Federal de Apelaciones, con una fiscalía y una defensoría pública oficial.

Respecto de la iniciativa que crea el Observatorio de Precios establece que ese cuerpo funcionará como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

Esta nueva institución podrá recomendar a la Secretaría de Comercio el requerimiento de documentación relativa al giro comercial de las empresas e informes a organismos públicos y privados.

Finalmente, el texto de ley que plantea un nuevo marco regulatorio es el que concentra el rechazo generalizado de dirigentes opositores, empresarios, industriales, banqueros y productores agropecuarios. Busca modificar varios artículos de la ley de Abastecimiento Nº 20.680, sancionada en 1974, suspendida en noviembre de 1991 y luego reestablecida en 1999 a través del Decreto 722, que declaró el "estado de emergencia de abastecimiento".

Este proyecto se sustenta en la "constitucionalidad de las acciones de intervención estatal, para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor".

Así define que la Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, podrá intervenir en los estados previos de la cadena de valor (sin contacto directo con el consumidor) "fijando márgenes de utilidad", así como "precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".