Violadores, narcos y terroristas compiten en las elecciones regionales de Perú

Unas 350 personas con condenas por narcotráfico, terrorismo y violación sexual, con requisitorias e investigaciones en curso por varios delitos, son candidatas en las elecciones regionales y municipales, previstas en Perú el 5 de octubre. La situación, que involucra a la mayoría de los partidos políticos, obliga al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, a iniciar procesos para excluirlos.

Además, dicho jurado informó que el 88,41% de los 105.482 candidatos que participarán en los comicios no entregó la información sobre bienes y rentas en sus hojas de vida, por lo que planteó una enmienda legal para que consignar esa información sea obligatorio.

Los candidatos buscan ganar las presidencias y cargos de consejeros en las regiones, y de alcaldes y regidores en las provincias y distritos de todo el país. Dichos comicios -de cara a las elecciones generales de abril de 2016- medirán las intenciones de voto al oficialismo y a los grupos de oposición.

El presidente del jurado, Francisco Távara, informó que todos los postulantes con condenas y requisitorias serán retirados de la contienda electoral.

Precisó además que las condenas más comunes entre las impuestas a los 345 postulantes son por incumplimiento de la obligación alimentaria (80), peculado (41), falsificación de documentos (20), usurpación agravada (16), fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos (16) y falsedad ideológica (12).

De acuerdo al informe oficial, el partido opositor Alianza para el Progreso (APP) es el que tiene más condenados en sus filas, 28 en total, seguido por Acción Popular (23), Unión por el Perú (12), Partido Humanista (12), el fujimorista Fuerza Popular (12), Somos Perú (11), Partido Aprista (9), Perú Posible (8), Vamos Perú (8), Partido Popular Cristiano (7), Democracia Directa (6) y Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad (6).

El congresista y secretario ejecutivo de APP, Luis Iberico, ordenó a los comités provinciales de su partido eliminar las candidaturas de aquellos que estén vinculados con delitos de narcotráfico, terrorismo y corrupción. "No hemos tenido un proceso de depuración adecuado", admitió Iberico, según reportó el diario local El Comercio.

Por su lado, el congresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que, si bien la responsabilidad por los 23 sentenciados que llevan en sus filas la tienen los secretarios generales de cada región, "tenemos más de 1.000 postulantes en todo el país, que sean 23 (los que tengan sentencia vigente) es un porcentaje pequeño, pero igual es preocupante. Sin duda los filtros de selección se tienen que mejorar".

Távara explicó que, según las leyes electorales, un ciudadano que ha cumplido su condena y que no necesariamente esté rehabilitado, está hábil de postular a cualquier cargo público como regidor, alcalde o autoridad regional.

El escenario electoral fue movido por el ministro del Interior, el general retirado Daniel Urresti, al anunciar y entregar después al jurado electoral la lista de candidatos en los comicios municipales y regionales de octubre que tienen vínculos con el narcotráfico.

El alerta fue lanzada después de que la policía interceptó un camión con 400 kilogramos de droga en la ciudad de Barranca, costa norte de la provincia de Lima. El vehículo es de propiedad del aún candidato del partido fujimorista Fuerza Popular a la alcaldía de dicha zona, Beto Tapia.

En el sur del país, la candidata a la presidencia regional de Ayacucho por el Apra, Paola Capcha Cabrera, exigió la renuncia de Mauro Gómez Mendoza, quien era postulante a la alcaldía provincial de Vilcashuamán, por haber sido condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Sobre el tema de declarar ingresos, bienes y rentas, que permita investigar casos de probables lavados de dinero, la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE detectó que solo el 11.59% de 105.482 candidatos presentaron información referente a sus bienes.