"La Administración ha provisto al Congreso con una notificación de 30 días sobre la intención de transferir a estos seis detenidos desde Guantánamo a Uruguay", informó la fuente oficial. "Los Estados Unidos agradecen a Uruguay, nuestro socio, su importante gesto humanitario y aprecia la generosa asistencia del gobierno uruguayo mientras Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para cerrar Guantánamo", añadió.
Los presos, considerados de poco valor y riesgo por Estados Unidos y autorizados para ser transferidos desde hace más de cuatro años, podrían llegar a Uruguay en pocas semanas, ya que no es probable que el Congreso bloquee la medida.
Según la ley de dotaciones de Defensa aprobada este año por el Legislativo, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, debe notificar con 30 días de antelación las nuevas transferencias de presos y aclarar que existen garantías y salvaguardas de que estos individuos no suponen un riesgo para la seguridad nacional.
En el caso de estos seis reos, el gobierno estadounidense ha provisto garantías con información de varias ramas del Ejecutivo, así como de agencias de inteligencia y policiales, explicó el funcionario del Departamento de Estado.
"La decisión de transferir a los detenidos se ha tomado sólo después de conversaciones detalladas y específicas sobre los riesgos potenciales con el país receptor", indicó la fuente, que aseguró que también se han tratado las medidas que Uruguay debe tomar para mitigar una eventual amenaza y para que estas personas sean tratadas de manera humanitaria.
"Si no tenemos garantías suficientes, estas transferencias no se llevan a cabo", afirmó el funcionario, que no quiso aclarar, por motivos de seguridad, las posibles fechas de la transferencia o la identidad de los presos.
Este grupo de detenidos será el más numeroso que es transferido a otro país desde 2009, cuando se inició una parálisis en las repatriaciones de aquellos reos que habían recibido el visto bueno para abandonar el penal en suelo cubano, en el que llevan más de una década.
Con la salida de estos seis presos de la prisión que el presidente estadounidense Barack Obama ha prometido cerrar antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2017, la población reclusa se rebaja a 143 (72 de los cuales han sido aprobados para ser transferidos).
Obama ha intentado acelerar las transferencias de los reos menos peligrosos, pero se ha encontrado con la oposición del Congreso, que llegó a vetar a todos aquellos con nacionalidad yemení por temor a que regresaran al combate.
La transferencia a Uruguay se retrasó también por el polémico acuerdo de liberación del prisionero de guerra estadounidense Bowe Bergdahl, que fue intercambiado por cinco líderes talibanes encarcelados en Guantánamo sin que se notificara a tiempo al Congreso.
El mandatario uruguayo había mostrado su disposición a finales de marzo de colaborar con el cierre de la prisión de Guantánamo, creada por el presidente George W. Bush en 2002 para mantener fuera de las protecciones legales que rigen en los tribunales federales estadounidenses a los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
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