El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Nicolás Sarkozy pasara 15 horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un ex jefe de Estado francés.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta 10 años de prisión y 150.000 euros (u$s205.000) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.
En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que los mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados el miércoles su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.
Sarkozy podría enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y 205 mil dólares
Éstos le informaban, supuestamente, de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.
Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
"Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición", dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el ex presidente.
Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.
Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.
De esa forma nació el llamado "caso de las escuchas", causa por la que Sarkozy se enfrenta a cargos preliminares en una investigación vinculada a las acusaciones que indican que recibió 50 millones de euros (67 millones de dólares) en fondos ilegales de campaña procedentes del ex líder libio Muammar Khadafi.
El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo que las acusaciones contra Sarkozy son graves y que la investigación judicial se está llevando a cabo de forma independiente al gobierno socialista, que derrotó a Sarkozy en las elecciones de 2012. "Nadie está por encima de la ley", declaró Valls en el canal de televisión BFM el miércoles.
El ex primer ministro Alain Juppé, del partido UMP de Sarkozy, tuiteó su apoyo al ex presidente: "Confío en que su defensa demuestre que es inocente".
El diario francés Le Monde dijo que los últimos interrogatorios giran en torno a si Sarkozy y su abogado fueron informados de la investigación por un magistrado amigo.
Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y no hizo declaraciones.
El actual primer ministro consideró "graves" las denuncias contra Sarkozy
Pero la familia política del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 afirmó durante el día que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que Sarkozy amaga con regresar a la política.
Sarkozy se planteaba anunciar su retorno tras el verano, según BFM TV, a lo que el diario Le Parisien añade que el ex presidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.
En 2011, el ex presidente Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel
Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción.
"Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se lo acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo", declaró la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.
Por su parte, el vocero del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben "ir hasta el final" porque "Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás".
Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el caso Bettencourt, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Khadafi.
Sin embargo, no declaró ante los jueces sin pasar por la policía, lo mismo que el también ex presidente conservador Jacques Chirac (1995-2007).
Chirac fue condenado en 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras perder su inmunidad parlamentaria, pero nunca estuvo detenido.
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