Venezuela: exigen investigar las denuncias de un ex ministro chavista echado por Maduro

El diputado Enrique Márquez, presidente ejecutivo de UNT, dijo que el partido a su cargo considera que Giordani es uno de los responsables del fracaso económico del país, y que sus cuestionamientos deben ser investigados por la Asamblea Nacional.

Márquez cree que las palabras del ex hombre de confianza del Gobierno revelan varios delitos.

"Con la confesión que hace Giordani en su carta pública, ratifica el desastre económico que viene desarrollando el gobierno de Nicolás Maduro. A su salida del Ministerio de Planificación, Giordani deja una economía quebrada, un país destruido, y por eso no puede eludir su responsabilidad. En su carta confiesa el fracaso económico y la corrupción en el gobierno anterior y el de Maduro", afirmó el titular de UNT.

Márquez remarcó que Giordani admite que el Palacio de Miraflores cometió excesos con los recursos económicos del Estado "a niveles extremos", para ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2012 y en las de 2013.

Además, el diputado llamó la atención sobre el endeudamiento de PDVSA en esos años electorales, el cual fue de 60.000 millones de dólares.

"En UNT queremos saber cuáles son esos centros de poder, si están en Venezuela, en Cuba, Francia o China. Quién dirige el gobierno", aseveró Márquez según publica el periódico El Nacional.

Copei le exigió a la Fiscalía iniciar una investigación penal a partir de las acusaciones de Giordani. El dirigente nacional del partido Robert García señaló que la utilización de fondos públicos para la campaña electoral de 2012, como dijo el ex ministro, constituye un delito.

García explicó que lo denunciado en el escrito de Giordani "no respeta los artículos 52, 54, 56, 57 y 68 de la Ley contra la Corrupción referidos a los delitos de peculado doloso, peculado de uso, malversación agravada, corrupción, tráfico de influencias y abuso de funciones con fines políticos".

También pidió que el Ministerio Público sea tan veloz en este caso como en los que se criminaliza a la disidencia.