"El castigo bien entendido es muy importante"

"Si una persona es atacada, violada o robada, tenemos que actuar rápidamente. Y la respuesta apropiada es hacer que el delincuente rinda cuentas de lo que hizo. Eso es lo que deben procurar las leyes, y el castigo forma parte de ese cuadro", dice Antony Duff.

Nació en Escocia, país en el que estudió derecho y filosofía, y donde es profesor desde 1970, en la Universidad de Stirling. Gran parte de su obra está dedicada al estudio de los fundamentos de la pena, de la función y el lugar que ocupa en la sociedad moderna.

De visita en Argentina, Infobae lo entrevistó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un intento por explicar qué pueden hacer las leyes y la justicia frente al serio problema de la criminalidad en el mundo y en América Latina.

¿Cómo se fue modificando el lugar del castigo en la sociedad a lo largo de las últimas décadas?

Sé lo que ocurre en Inglaterra y en Estados Unidos, pero es diferente de lo que pasa en Alemania o en Suiza. Es muy difícil hablar en términos generales. En los casos que conozco, en los últimos diez años he notado un progresivo endurecimiento del castigo en las leyes. Hay una tendencia a criminalizar, a encarcelar y a excluir a los agresores. Se plantea una división entre nosotros y ellos, que son tratados como enemigos peligrosos. Ese tipo de divisiones es uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno. Además, el discurso de la guerra se introdujo en la ley, se habla de la "guerra contra el crimen", la "guerra contra las drogas", etc.

Al mismo tiempo, se produjeron cambios positivos. Creció el interés en maneras de lidiar con el delito distintas del castigo, y la visión sobre cómo tratar el problema de las drogas se flexibilizó en relación a cómo era hace 40 o 50 años. El cuadro general es heterogéneo y bastante complejo.

Usted menciona una tendencia hacia un endurecimiento de las penas, pero en reacción a ese proceso hay sectores intelectuales y políticos que sostienen que nuestras sociedades no necesitan el castigo porque no soluciona ningún problema. ¿Usted considera que el castigo ya no tiene razón de ser?

Creo que el castigo bien entendido es muy importante. Es necesario responder correctamente a los delitos serios. Si una persona es atacada, violada o robada, tenemos que actuar rápidamente. Y la respuesta apropiada es hacer que el delincuente rinda cuentas de lo que hizo. Eso es lo que deben procurar las leyes, y el castigo forma parte de ese cuadro.

Pero hay que ver cómo se penaliza. Si lo único que hacemos es encerrar al agresor, eso no le hace bien a nadie. El castigo tiene que ser una manera de señalar la gravedad de los delitos, y de mostrarle al delincuente lo que hizo. Juega un rol muy importante y tenemos que tomar al crimen con mucha seriedad. Pero para eso, las penas deben ser moderadas, no tienen que ser demasiado duras. No puede ser que sólo se encierre a las personas y luego se tire la llave. Tiene que haber formas más humanas de castigo.

Los abolicionistas sostienen que nada justifica la existencia de la cárcel. ¿Qué piensa de esa postura?

Creo que para los crímenes más graves la prisión tiene un rol importante. Decirle a alguien que no puede vivir con el resto de la sociedad por un tiempo determinado es una manera de señalar la gravedad de ciertos crímenes, y de hacer que la persona comprenda cabalmente lo que hizo. Pero no habría que encarcelar a la gente por 50 años, sino por dos, tres o cuatro años. Creo que usamos demasiado la prisión. De todos modos, no pienso que haya que abolirla. Sólo hay que limitarla.

Hay modelos de encarcelamiento que son interesantes, como los de los países escandinavos, donde la cárcel es una institución mucho más humana, no hay tanto de barrotes y celdas de concreto, y la gente es tratada con respeto. La idea es trabajar sobre lo que hicieron los criminales. Es un modelo mucho más constructivo.

Uno de los mayores desafíos de la ley es preservar las garantías de una persona acusada de haber cometido un crimen grave y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda de justicia de las víctimas y de la sociedad. ¿Cómo conciliar los derechos de ambas partes?

Creo que deberíamos pensar más cuidadosamente qué es lo que las víctimas deberían reclamar y cómo asegurarnos de reconocer colectivamente que el agresor todavía forma parte de nuestra comunidad. Hay campañas en la prensa que reclaman mano dura contra el delito, y encuestas de opinión en las que la gente se manifiesta a favor de un endurecimiento de las penas. Entonces, la postura más inmediata tiende a ser fuertemente punitiva. Pero si uno se plantea discutir el problema en profundidad, pensarlo, en la medida en que las personas empiezan a deliberar sobre el tema, las opiniones se van volviendo moderadas. Así se puede llegar a reconocer al delincuente como una persona portadora de derechos.

Algunos penalistas sostienen que las leyes no cumplen ninguna función en el combate de la delincuencia. ¿Realmente cree que no pueden ayudar?

Creo que cumplen una función muy modesta. La gente no debería esperar demasiado de las leyes. La mejor forma de prevenir el crimen es actuar sobre las condiciones sociales y políticas que permiten que exista. Pero las leyes son importantes para definir qué está mal. Luego, es necesario responder a ese mal mostrando que es algo serio, por eso el proceso, la investigación, el juicio y la condena son relevantes. El castigo forma parte de eso. Sin embargo, no deja de ser una pequeña parte en la prevención del delito. Es una función más simbólica y de respuesta, que preventiva. Para eso son necesarias las políticas públicas. Pero claro, si no respondiéramos al delito a través de las leyes nos estaríamos perdiendo algo.

En muchos países de América Latina los ciudadanos perdieron la confianza en la justicia como una instancia para resolver sus problemas. ¿A qué puede deberse este fenómeno? ¿Cómo podría restablecerse el vínculo?

Nuevamente, creo que la respuesta no está tanto en las leyes y en la justicia en sí mismas, sino en las estructuras políticas y sociales. En sociedades que tienen un alto nivel de desigualdad, donde las las personas no reciben la educación, la ayuda y el bienestar que merecen, y muchos de los que terminan ante los tribunales provienen de estos sectores desfavorecidos, la sociedad parece dividida y eso deslegitima la autoridad de la ley. Cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es ver que la ley hace justicia. Por eso la respuesta no pasa por las leyes, sino por las precondiciones sociales. En una sociedad más justa, la ley puede recuperar su autoridad.

Esto en un plano abstracto. En términos más concretos,

, para que éstos puedan entender lo que les está pasando. Muchos de los que

. Todo se hace con

. Eso también disminuye la autoridad de la ley y de la justicia. Hay que pensar más cuidadosamente cómo lograr que sientan la ley como algo propio y no como algo totalmente ajeno e incomprensible.