Chile analiza ampliar la cárcel de Punta Peuco ante nuevos juicios a militares de la dictadura

Autoridades de la Gendarmería, la policía carcelaria chilena, planean aumentar la capacidad del penal Punta Peuco, exclusivo para militares acusados de violar los derechos humanos.

Punta Peuco fue construido en 1995 para 47 reos, pero alberga actualmente a 61 personas. Esto, tras el cierre de otra cárcel, más lujosa, donde estaban recluidos altos mandos de los aparatos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Estamos trabajando en la habilitación de habitáculos para prepararnos en el caso que tengamos más ingresos", confirmó al diario El Mercurio el jefe regional de Gendarmería, Carlos Muñoz. "Es un escenario que ha estudiado la institución y sabemos que, en un futuro cercano, requeriremos de una cantidad mayor de cupos", agregó.

Muñoz reconoció que "la población está controlada" y "en ningún caso se podría decir que tenemos un problema de hacinamiento". En efecto, Punta Peuco posee dos canchas de tenis, confortables salas de estar, cocinas bien equipadas y terrazas de primer nivel para recibir a familiares. "Los internos viven en condiciones buenas, dignas", afirmó Muñoz.

En contraste, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el hacinamiento extremo es la deficiencia más persistente dentro de las cárceles comunes del país.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó para hombres, es el penal más hacinado del país, con 707 internos para apenas 198 plazas (357,1% de hacinamiento), mientras que en Talca, en el sur, se ubica la cárcel para mujeres con mayor cantidad de internas por plazas disponibles, con 36 plazas para 110 internas (305,6%).

La ampliación de Punta Peuco se concretaría a través de la habilitación de áreas que hasta ahora se utilizan como bibliotecas, enfermería, archivo, bodega y sala kinesiológica. Con esta remodelación, 10 de 12 contenedores se transformarán en habitaciones y los otros dos en comedores.

Punta Peuco aumentó su número de reclusos en septiembre de 2013, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera decidió cerrar el penal Cordillera, un lujoso centro de detención que albergaba a una decena de militares de alto rango que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Desde allí fueron trasladados, entre otros, Manuel Contreras, ex jefe de la Dina (la policía represora de Pinochet) y Miguel Krassnoff, hijo de cosacos rusos y uno de los más crueles torturadores de la dictadura.