La Cámara de Representantes aprobó las sanciones a funcionarios del régimen chavista

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley que determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense por estar acusados de violar derechos humanos durante la represión a las protestas que se llevan a cabo en el país caribeño desde febrero.

La aprobación por aclamación ocurrió apenas tres semanas después de que fuera aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores. El texto fue defendido por legisladores de los partidos Demócrata y Republicano. La única intervención opuesta a la medida correspondió al demócrata por Nueva York Gregory Meeks.

El texto de la propuesta H.R. 4587 "Venezuelan Human Rights and Democracy Protection Act", aprobada hoy, dispone:

• Negar visas para entrar a los Estados Unidos, bloquear propiedades, congelar bienes, y prohibir transacciones financieras de miembros del régimen de Maduro que han practicado censura de individuos o medios de prensa relacionados a las protestas en Venezuela;
• Instar al Presidente a presentar al Congreso una estrategia para promover la libertad del internet, y acceso a la información, y para instar a Venezuela a cumplir con los principios de la Carta Democrática Interamericana, y

• Dirigir al Representante Permanente de los Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a usar la voz, el voto, y la influencia de los Estados Unidos en la OEA para defender y proteger la Carta Interamericana Democrática, y fortalecer la independiente Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar la protección de derechos humanos en el Hemisferio Occidental.

La iniciativa fue impulsada por la congresista republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen, quien al presentar el proyecto dijo: "Me complace que la Cámara de Representantes ha actuado para castigar a los matones del régimen de Maduro por reprimir brutalmente y violar los derechos humanos de los que buscan ejercer sus libertades básicas de expresión y reunión en Venezuela. La aprobación de este proyecto de ley muestra que mis colegas y yo estamos comprometidos a apoyar la lucha del pueblo venezolano por la democracia, el estado de derecho, y la libertad, y que no vamos a mirar hacia otro lado cuando un autócrata abusivo reprime violentamente a su propio pueblo. Espero que el Senado actúe con rapidez para aprobar la versión de esta ley de la Cámara para poder enviarla al escritorio del Presidente tan pronto sea posible para asegurar que los que abusan los derechos humanos sean responsabilizados".

El legislador demócrata por Texas Joaquín Castro, a su vez, dijo que las 42 víctimas fatales durante las manifestaciones que comenzaron en febrero pasado en Venezuela son una "absoluta catástrofe". "No hay ningún mecanismo en esta ley que pueda afectar negativamente a los venezolanos comunes", explicó, agregando que el paquete de medidas brinda al presidente "una gran flexibilidad para responder a eventos sobre el terreno en Venezuela" y la posibilidad de suspender las sanciones "en cualquier momento".

Paralelamente, el Senado ha discutido y aprobado en comisión otra iniciativa en el mismo sentido, impulsada por el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, pero que se diferencia de la impulsada en la Cámara baja porque incluye ya una lista de entre 100 y 200 nombres de dirigentes chavistas, entre quienes se encuentran el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami; José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y los generales de la Guardia Nacional involucrados en la represión.

En caso de que el texto de los senadores también sea aprobado, deberá ser armonizado con la propuesta de la Cámara de Representantes, y si se llega a un texto único solo necesitaría la firma del presidente para que entre en vigor.

Sin embargo, el gobierno del presidente Barack Obama se ha mostrado reticente a inmiscuirse en la solución de la crisis venezolana, sobre todo desde que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se ofreció a mediar en el diálogo entre Gobierno y oposición, argumentando que necesita un compás de espera para ver si las conversaciones rinden frutos.

El martes, catorce legisladores demócratas hicieron circular una carta apoyando la política de Obama, anunciando que votarían en contra de las sanciones. El grupo encabezado por el representante por Michigan John Conyers instó al Gobierno, incluso, a que intercambien embajadores con Venezuela, tras cuatro años de relaciones interrumpidas a ese nivel.

Con al menos 42 muertos, centeneres de heridos y miles de detenidos -incluyendo testimonios sobre torturas durante las detenciones-, Venezuela vive desde febrero una ola de violencia gubernamental sin antecedentes. Un crítico informe de la organización Human Rights Watch reveló que jueces y fiscales han ignorado repetidamente pruebas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno al señalar que decenas de manifestantes han sufrido graves abusos físicos y psicológicos.