Denuncian a Alperovich por querer pagar con fondos públicos las reformas a la casa de su hija

Una inesperada denuncia complicó aún más el panorama para el gobernador José Alperovich. A los cuestionamientos por la represión policial durante la marcha de bancarios hace dos semanas y las sospechas de un presunto vínculo político con el crimen de Paulina Lebbos se sumó ahora una presentación ante la Justicia por presunta malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con su rol de funcionario.

El arquitecto Julio César Villafañe, uno de los más importantes de la provincia, reveló que personal de la gobernación quiso pagarle las reformas que realizó en la casa de la hija de Alperovich con fondos públicos de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) de la provincia.

Su estudio había sido contratado de manera directa por la DAU para realizar una obra pública. Mientras trabajaba allí, un funcionario lo llamó y pidió que trasladara su equipo de trabajo a la casa de Mariana Alperovich porque necesitaba apurar las refacciones de su nueva vivienda para mudarse. "Me llevó la DAU, me llamó y me dijo 'dame una mano en la casa de ella'. Yo no sé cómo es la relación. Yo sólo trabajo", explicó al diario La Gaceta de Tucumán.

Villafañe lo hizo. Los primeros pagos que recibió fueron realizados a través de una empresa privada de la familia Alperovich. Pero luego empezó a sufrir demoras en los depósitos. "Hicimos el piso, un durlock... me hicieron los primeros pagos y después nada más", recordó. Cuando fue a reclamar, le dijeron que los siguientes pagos serían realizados por la DAU.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez recogió la acusación del arquitecto y anunció que realizará una denuncia penal por malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el rol de funcionario. "Son hombres del gobernador que, como vasallos de un sistema feudal, roban para la corona. Alperovich es una de las caras de la corrupción en Argentina", disparó.

La legisladora radical recordó que ya el ex titular de la DAU, Miguel Brito, había denunciado en su momento la contratación de empresas fantasmas y sobreprecios en las obras de la provincia. "Hacer uso indebido de los fondos públicos para intereses privados es robarle a los propios tucumanos", cuestionó.