La Justicia colombiana imputó, este miércoles, el delito de "homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo" al conductor del autobús en el que murieron calcinados 31 niños en el municipio de Fundación, departamento del estado de Magdalena, en el norte del país.
Jaime Gutiérrez Ospino tenía vencido el permiso de conducir, no contaba con los papeles del vehículo en regla y habría provocado el incendio al manipular un bidón de combustible para recargar el tanque. Además, huyó del lugar sin auxiliar a los niños ni pedir ayuda.
La Fiscalía acusó de los mismos cargos al líder espiritual de la iglesia pentocostal a la que asistían los niños, Manuel Salvador Ibarra Plaza, quien contrató los servicios del transporte.
Ambos quedaron detenidos en la cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta y, pese a las evidencias de lo ocurrido, ninguno de los dos aceptó las acusaciones que en su contra presentó la Fiscalía ante el juez de la causa.
Con base en testimonios y pruebas técnicas, el ente investigador estableció que el autobús funcionaba con gas, pero el conductor alteró el sistema para permitir el uso de gasolina mediante la peligrosa maniobra de introducir combustible directo en el motor.
Los niños eran parte de una iglesia cristiana y antes del accidente habían sido traslados en tres ocasiones por Gutiérrez Ospino, con la anuencia de Ibarra Plaza.
La muerte de los 31 niños generó dolor en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos decretó tres días de duelo nacional y pidió endurecer las restricciones para el tránsito de automotores sin las respectivas revisiones.
La Fiscalía también abrió una investigación contra un joven que hizo comentarios de burla en redes sociales sobre la tragedia por delitos relacionados con la "raza, origen étnico y cultural", dado que los niños fallecidos, que tenían entre 2 y 10 años, pertenecían a familias humildes.
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