Venezuela: la represión chavista se compara con la del Caracazo

Los enfrentamientos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los estudiantes llevan más de dos meses y, a pesar de los tímidos acercamientos al diálogo, aún no han encontrado una solución.

Mientras tanto, el chavismo es blanco de diversas denuncias por abuso de fuerza y violación a distintos derechos humanos. En esa línea, Liliana Ortega, miembro de Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989), comparó al actual conflicto con el Caracazo.

Si bien Ortega aclaró que no se los puede comparar en términos de fallecidos y devastación, señaló que la respuesta del chavismo fue igual a la de Carlos Andrés Pérez durante el golpe de Estado que tuvo que enfrentar.

"La misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas", explicó Ortega.

De acuerdo con lo consignado por El Nacional, desde el 12 de febrero hay 106 personas privadas de su libertad, 1.406 tienen medidas cautelares de un total de 2.500 detenciones, según cifrados del Foro Penal Venezolano.

"Si se puede establecer alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las distancias, se puede hablar que, de 650 personas que resultaron detenidas en 1989, un aproximado de 95% quedó en libertad plena", recordó la miembro del Cofavic. Y completó: "Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de CAP [Carlos Andrés Pérez]. Hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad completa solo por protestar. Hoy hay una crisis de derechos humanos en el país".

Por su parte, Marino Alvarado, director de Provea, consideró que la represión comandada por el presidente Nicolás Maduro es una política de Estado. "No se puede decir que la represión es solo una estrategia del gobierno, es una política de Estado porque se utiliza toda la estructura judicial y política para criminalizar a los que protestan", analizó.

Alvarado advierte que la estrategia impulsada por el chavismo consiste en atemorizar a todos los sectores, donde "todos son sospechosos".

"Hubo un abogado que fue detenido cuando estaba ejerciendo sus oficios de defensa; recientemente hubo menores de edad que no sólo fueron detenidos, también fueron presentados ante tribunales y la sentencia del TSJ que criminaliza la protesta. Esto es un mensaje desde el Gobierno para atemorizar a todos los sectores: a los abogados que defienden a los manifestantes, a los estudiantes de educación media y a todo el que se quiera quejar. Esto es la instauración de una política del miedo", relata el director de Provea.

Ortega hace hincapié en los excesos cometidos por los organismos de seguridad que responden al chavismo. En ese sentido, rechaza la actitud del gobierno de solo "defender a los agraviados que simpatizan con ellos políticamente".

"En Latinoamérica hay una brutalidad policial endógena. Esto se debe a la poca capacitación de los organismos de seguridad, de las estructuras educativas para formar a los funcionarios. Sin embargo, en el país esto está tomando niveles muy preocupantes. No sólo se victimiza a las fuerzas de seguridad, también se los premia sin contar los grandes atropellos a los ciudadanos. Esto crea una sensación de desamparo en la gente que no ve justicia ante los excesos", apunta.

El Colegio de Abogado de Caracas, en tanto, critica la consideración que realiza el chavismo de las protestas como un delito. Además, fustiga la toma de atribuciones que asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al reescribir la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y calificar de delito que no se solicite autorización para protestar.

"Sólo en regímenes totalitarios los jueces se atreven a derogar y a violentar derechos humanos, desaplicar artículos de la Constitución y de los convenios y tratados de derechos humanos, tergiversar la ley, legislar sin competencia para ello, crear delitos penales en contra del principio de la reserva legal", reza el comunicado publicado este lunes por el Colegio.

La Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz, en su informe sobre la actuación del Estado en el control de manifestaciones desde el 12 de febrero, denunció la violación de diez derechos humanos y la ausencia de detenidos por las múltiples denuncias de tortura en Lara.

Funcionarios policiales, militares, fiscales y jueces, son los principales actores involucrados en las violaciones de derechos, según índica el documento.

Los derechos transgredidos son integridad personal, justicia, libertad de expresión y de información, libertad personal, manifestación, debido proceso de detenidos o privados de libertad, seguridad ciudadana, inviolabilidad del domicilio, autonomía universitaria y el derecho a la vida.