La información publicada por Infobae el martes respecto al freno que Norberto Oyarbide ordenó sobre un allanamiento a oficinas de la Asociación Mutual Propyme tras un llamado de la Casa Rosada reavivó las sospechas que existen sobre la relación del juez con el kirchnerismo. A poco de se conociera lo sucedido, opositores reclamaron la renuncia del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de su segundo, Carlos Liuzzi, autor del llamado.
Ante la Cámara Federal, Oyarbide reconoció en un escrito que dio marcha atrás con el procedimiento que la Policía Federal realizaba sobre la financiera de Guillermo Greppi al recibir una comunicación de Liuzzi. El empresario reconoció luego que él había puesto en aviso al funcionario, a quien definió como un "amigo", para denunciar la supuesta violencia con la que actuaban los efectivos.
Oyarbide y Liuzzi se conocían. El juez tuvo en sus manos una causa de enriquecimiento ilícito contra el funcionario. Y en su momento archivó y dictó su sobreseimiento del cargo de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas que pesaban en su contra. Ahora, a la luz de este episodio, hay suspicacias respecto a esa decisión. Entre quienes posan la lupa sobre eso está Manuel Garrido, diputado de la UCR.
"Oyarbide nos tiene acostumbrados a cerrar causas de enriquecimiento ilícito en tiempo récord. Con Liuzzi pasó lo mismo y ahora él mismo reconoce que tenía una relación personal, al extremo de atenderle el teléfono y confiar a ciegas, sin chequear lo que él le dice", señaló el legislador.
El ex fiscal consideró que "es probable que haya pasado lo mismo que con la llamada telefónica", por lo que ahora pide que la Justicia revise esa decisión.
Según precisó un comunicado de su oficina, deberá "determinarse si la investigación fue exhaustiva a efectos de dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los arts. 193 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, o si, por el contrario, el juez actuó con la misma parcialidad amistosa como la que evidenció en la causa en la que investigaba a empresarios amigos de Liuzzi por lavado de dinero".
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