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La Corte Suprema ratificó este miércoles un fallo por el cual el gobierno de Argentina debe pagar 185 millones de dólares a la compañía de gas británica British Gas (BG), que manejó Metrogas hasta 2012, según informó la agencia Associated Press.
En junio del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar la demanda que la empresa British Gas inició contra la Argentina por la pesificación de las deudas durante la crisis de 2002 y el congelamiento de las tarifas aplicado a Metrogas, luego de que un tribunal arbitral de las Naciones Unidas le concediera una indemnización de u$s185 millones, que luego fue revocada por una cámara de apelaciones de Washington.
En una
votación de 7 a 2, la Corte indicó que el tribunal de apelaciones de Washington
no tuvo la suficiente consideración con los árbitros al decidir el caso. El
juez Stephen Breyer redactó el fallo por la mayoría.
Argentina
alegó que BG, una empresa de exploración y distribución de gas natural, debería
haber realizado primero una demanda en cortes argentinas. La compañía británica
dijo que no quiso comenzar con una demanda local porque el
Gobierno había tratado de restringir el acceso a la justicia y buscaba
represalias contra los inversores que le demandaban.
El caso buscaba determinar si BG debería recuperar el dinero debido a que una decisión del gobierno argentino de congelar los precios del gas en el 2002 violaba un tratado de 1993 entre la Argentina y el Reino Unido. Aquel acuerdo tenía como objetivo estimular la inversión extranjera, pero ante el colapso económico desatado a fines de 2001, el país impuso un congelamiento de la tarifas tras anunciar una cesación de pagos de deuda soberana de 100.000 millones de dólares.
Amparada por el tratado bilateral de protección de inversiones, BG acudió en 2007 a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por sus siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International Trade Law). Este tribunal de la ONU le concedió a BG una indemnización, aunque inferior a los u$s223 millones solicitados por el demandante.
En 2010 un juez de primera instancia y luego, en 2012, la Cámara de Apelaciones de Washington revirtieron esta decisión, al considerar que este tipo de casos deben resolverse ante jueces y no en tribunales arbitrales.
No obstante, el grupo británico argumentó que seguir el trámite en los tribunales argentinos no hubiera prosperado frente a los antecedentes judiciales por los cuales el Estado no fue penalizado por las medidas adoptadas durante la crisis del país, postura que fue atendida por el máximo tribunal norteamericano.