Torturas, persecuciones y muerte salpican a las fuerzas chavistas

Durante una marcha en el barrio popular de La Isabelica, en Valencia, la Guardia Nacional Bolivariana se enfrentó con manifestantes. Marvinia Jiménez, una madre de 35 años, decidió intervenir y se acercó a los agentes de seguridad. La respuesta fue brutal. La arrojaron al piso y entre cuatro hombres la redujeron a los golpes. Un video muestra cómo luego la retiraron del lugar tirándole de la cabellera. Jiménez, que quería pedir que cesaran los ataques contra la gente, terminó detenida por dos días. Fue liberada con cinco cargos; uno de ellos, agresión.

Marvinia no fue la única herida, ni la GNB es la única fuerza chavista que está en el centro de las acusaciones. El Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) también reprimió manifestaciones con agentes armados, algo que no tiene permitido. En la protesta del 12 de febrero, donde hubo tres muertos, los hombres del Sebin estuvieron presentes. Cinco funcionarios están ahora siendo investigados por haber asesinado ese día al joven estudiante Bassil Alejandro Da Costa.

Muertes y heridos, pero también acosados y torturados. Juan Manuel Carrasco Gonzalez, quien participó en una marcha el 13 de febrero en El Trigal, Valencia, denunció que fue violado por personal de la GNB con un fusil. En las redes sociales, Carrasco compartió imágenes de su cuerpo mutilado. Su madre exigió a la mismísima fiscal Luisa Ortega Díaz que viera las evidencias del asalto sexual a su hijo, que ahora cumple una sentencia de prisión domiciliaria de 45 días.

Otro caso. José Alejandro Márquez era ingeniero. Se había acercado a La Candelaria para asistir a la manifestación opositora del miércoles 19 de febrero. El hombre se había puesto a filmar la represión militar cuando un funcionario de la Guardia Nacional lo detuvo y le exigió que le entregara su teléfono celular. La reacción de Márquez fue salir corriendo. En un video, se puede ver cómo es perseguido por cuatro agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y uno de ellos le dispara en dirección a la cabeza. El hombre murió por la golpiza.

Ya 14 funcionarios, entre policías y militares, han sido imputados por violación a los derechos humanos durante las manifestaciones, según informó el viernes pasado la fiscal Ortega. Las protestas opositoras, que se iniciaron hace ya casi un mes, dejaron un saldo de 18 muertos, más de 260 heridos y 700 detenidos. Las consignas de las marchas apuntan al gobierno chavista, ya que durante su gestión aumentó la inflación, se acentuó la escasez de productos básicos y creció la tasa de homicidios, a pesar de que el país cuenta con grandes reservas petroleras que deberían acelerar la economía.

Ante la efervescencia social, el gobierno de Nicolás Maduro optó por reprimir y silenciar a la prensa. La señal de televisión colombiana NTN24 fue retirada del aire por orden del Ejecutivo, mientras que la CNN estuvo a punto de suspender por completo sus transmisiones. La periodista de esa cadena internacional Patricia Janiot debió abandonar el país.

La dirigencia opositora, por su parte, denuncia persecución. El Gobierno había señalado como responsable de los disturbios del 12 de febrero al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y libró una orden de captura en su contra. López se entregó una semana más tarde y desde entonces permanece detenido. La diputada antichavista María Corina Machado también fue amedrentada: el bloque del PSUV busca quitarle los fueros parlamentarios. Requerido por la Justicia, Carlos Vecchio, de la VP, se encuentra en la clandestinidad. Y la lista continúa.

Las presiones del chavismo, sin embargo, no lograron menguar la magnitud de las protestas convocadas por los estudiantes universitarios y la oposición. El portal Infodio agrega que el sector estudiantil nunca logró ser conquistado por el fallecido Hugo Chávez. En las universidades, el voto todavía es manual, y el sitio sugiere que por eso no ha sido ser cooptado por el chavismo, ya que todas las elecciones en las que triunfaron los representantes bolivarianos fueron con voto electrónico, señalado en distintas ocasiones de ser vulnerable a posibles fraudes.