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La OEA convocó a una sesión para analizar la crisis venezolana

El Consejo Permanente debatirá, este jueves, si llama a consulta a los cancilleres del bloque para tomar acciones ante la violencia durante protestas contra el gobierno de Maduro. Necesita el aval de 18 países. Jimmy Carter se ofreció como mediador

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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá el jueves en sesión extraordinaria para analizar las protestas de los últimos días en Venezuela, mientras que el ex gobernante estadounidense, Jimmy Carter, ofreció sus servicios como mediador.

Según un comunicado de la OEA, el Consejo Permanente debatirá, el jueves, si convoca a los cancilleres a una reunión de consulta. La OEA usualmente adopta decisiones mediante consenso, pero también podría hacerlo si se consigue una votación a favor de 18 estados miembros.

El embajador panameño ante la OEA, Arturo Villarino, dijo a la agencia estadounidense AP que "es necesario tomar alguna acción más allá de lo hecho hasta ahora por el Consejo Permanente, que ha tratado el tema de Venezuela sin profundidad y sin propuestas". Panamá solicitó que se convocara a la reunión extraordinaria.

Cuando el Consejo Permanente abordó, la semana pasada, la situación en Venezuela de manera informal, la República Bolivariana rechazó las críticas de Estados Unidos y Canadá sobre el respeto a los derechos de expresión y libre asociación.

Numerosas delegaciones se limitaron a lamentar la violencia y llamar al diálogo en Venezuela, pese a que decenas de manifestantes pedían con consignas y pancartas a la OEA que active la Carta Democrática Interamericana.

El ex mandatario estadounidense Jimmy Carter se ofreció a mediar a través de cartas enviadas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al líder opositor Henrique Capriles.

El ex mandatario dijo, según la misiva a la que tuvo acceso The Associated Press, que desea reunirse con ambos durante una visita que hará en abril para promover un programa de salud.

En la carta, Carter exhortó a la oposición a dejar en claro su compromiso de comportarse dentro los límites constitucionales y rechazar de plano la violencia. Agrega que el Gobierno tiene que garantizar el derecho a la libertad de reuniones pacíficas y la Justicia imparcial para los manifestantes encarcelados.

El Centro Carter medió conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición tras un golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002.

Los incidentes registradas en la capital venezolana y otras ciudades de ese país han dejado al menos 16 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos que fueron puestos en libertad desde el 4 de febrero. Solamente se abrió proceso a 45.

Opositores y activistas de derechos humanos han denunciado que la Guardia Nacional y la Policía han incurrido en excesos y abusos al contener las protestas, lo que fue objetado por las autoridades.

Maduro ha rechazado las manifestaciones, a las que considera parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.

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