La marihuana ya es legal en Uruguay: Mujica promulgó la ley

El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó este martes la ley que legaliza la producción y venta de marihuana, sancionada el 10 de diciembre por el Senado. La norma ya está vigente, pero habrá que esperar a la reglamentación -que el Poder Ejecutivo debe presentar en un máximo de cuatro meses- para saber cómo se otorgarán las licencias para plantar, qué variedades de la droga se producirán y otros aspectos de su implementación.

"Al no estar aún reglamentada la ley, no están dados los criterios para poder plantar", explicó el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, en declaraciones a Radio Uruguay. Quienes quieran producir y comercializar marihuana deben registrarse, lo que todavía no es posible, ya que no está creado el registro ni se ha informado cuáles serán los mecanismos para ello.

De todas formas, mientras se reglamenta la ley, en materia judicial el primer efecto que tiene la promulgación es que los jueces tiene claros cuáles son los límites de tenencia de droga y plantas. Hasta ahora, el consumo no estaba penado, pero quedaba en manos de cada juez la decisión de si la sustancia o las plantas decomisadas eran para consumo propio o no.

Según la flamante ley, los mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o comprándola en farmacias, en todos los casos con límites y previo registro ante el Estado. Las autoridades han adelantado que la venta estará, además, limitada a los residentes en el país.

De acuerdo con el periódico El País, cada persona interesada, previamente registrada, podrá comprar 40 gramos de marihuana por mes. También se habilita la posibilidad del cultivo personal de cannabis, de hasta seis plantas por familia y 480 gramos de cosecha anual, lo que ya puede ser puesto en marcha de manera legal.

Ante el interés internacional que genera la decisión de este país de tres millones de habitantes, señalaron asimismo que se está formando un grupo de académicos uruguayos y extranjeros para evaluar el desarrollo de la implementación de la nueva legislación.