Lázaro Báez pidió censura previa en una investigación periodística sobre los vínculos de sus empresas con las de la familia Kirchner

Juan Pablo Gregori, abogado del empresario patagónico, solicitó una medida cautelar urgente para que se resguarde la "confidencialidad" de la información contable, societaria y comercial que se encuentra "en poder de terceras personas" y "lucran con su difusión". La iniciativa solicitada por el letrado apunta a acallar a todos los medios de comunicación y surge como respuesta a una investigación publicada en los últimos tres días por el matutino La Nación.

Puntualmente, Báez solicitó que se ordene a "los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información", según el escrito al que accedió Infobae.

De acuerdo a los hechos relatados por el abogado de Báez, las notas publicadas los últimos tres días en el matutino La Nación están basadas en datos contables de la empresa que deberían ser resguardados por la Justicia.

La investigación, realizada por el periodista Hugo Alconada Mon, repasa negocios entre empresas de Báez y la familia Kirchner, propietaria de distintos hoteles en el sur del país. De acuerdo a la información a la que accedió el periódico, Báez alquiló habitaciones en los complejos que compraron los Kirchner a cambio de millonarios ingresos.

La Nación informó que dichos ingresos no fueron incluidos en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner, versión que esta mañana fue desmentida categóricamente por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Gregori cuestionó que en las notas se reconoció que los periodistas tuvieron acceso a "ciertos contratos confidenciales firmados por Valle Mitre S.A." donde se detallan, por ejemplo, la cantidad de empleados que registran cada una de las empresas co-contratantes.

Bajo el título de "significado jurídico de los hechos relatados", el abogado de Báez asegura que a los registros contables a los que se hizo alusión en la investigación periodística sólo se pudo haber accedido en el contexto de "una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador en función de los deberes de información que pesan sobre los contribuyentes".

"La información divulgada no es, ciertamente, de aquella que deba ser publicada, informada o certificada de algún modo ante los registros que controlan el normal funcionamiento de las sociedades comerciales", continuó la medida presentada.

Hasta ahora, Báez había cuestionado las informaciones periodísticas que lo imputaban como autor de distintos delitos. Es más, había utilizado su propio diario para desmentir las versiones. Sin embargo, este tipo de pedidos judiciales buscando censurar a la prensa es una medida sin antecedentes.

Quien deberá decidir sobre el pedido del empresario es Andrea Belinda Askenazi Vera, jueza federal subrogante de Río Gallegos.