Los empresarios pidieron respetar instituciones y calcularon el costo de incumplir con la Constitución

Por iniciativa de un grupo de dirigentes empresarios nucleados en ACDE, AEA, AmCham Argentina, Cambras (Cámara de Comercio Argentina-Brasil), IERAL, Fundación Mediterránea, IDEA, y SRA convocaron al primer Encuentro de Diálogo Interempresario, cuyo primer tema de reflexión fue "Constitución y Desarrollo Económico", al economista Orlando Ferreres, al filósofo Santiago Kovadloff y al constitucionalista Daniel Sabsay.

Los empresarios, representados por Pablo Taussig (ACDE), Jaime Campos (AEA), Juan Manuel Vaquer (AmCham), Miguel Blanco (IDEA), y Luis Miguel Etchevehere (SRA), coincidieron en destacar que "hoy los empresarios son más institucionalistas, porque sin ello no habrá más desarrollo, inclusión social, inversión y empleo y ya saben lo que no hay que hacer, y que el país no está condenado ni al éxito ni al fracaso, sino a lo que se haga".

El ex viceministro de Economía, Orlando Ferreres, estimó "cuánto vale una Constitución, es decir desde el punto de vista económico cuánto le cuesta al país no cumplirla". No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un proceso en el que, al menos, se planteó que se repite desde 1930, con algunas raras excepciones.

Ferreres resaltó que "la principal consecuencia es la mayor pobreza que provoca el desaliento a la inversión, porque empieza a perder capacidad para generar capital". Al respecto, observó el experto que "en las naciones donde funcionan y se respetan las instituciones la tasa de inversión en términos de PBI se ubica en los niveles más altos, con un extremo de 47% en China y 20,2% en la Argentina".

Otra forma de medir esa brecha, "es observar la brecha entre el capital productivo intangible, es decir la generación de riqueza por habitante y por año que no se sustenta ni en la infraestructura productiva, ni en los recursos naturales, sino en el trabajo personal y su productividad. El ejercicio determinó que mientras en la Argentina es de u$s50.381, el promedio mundial es de u$s93.022 y el de España 260.011. El caso extremo corresponde a los EEUU con 493.682 dólares", explicó Ferreres. Se trata de una diferencia mínimo equivalente a 3,5 veces el nivel del PBI actual de unos u$s500.000 millones, con la media del planeta y de 17,1 con la península ibérica.

Semejante brecha se repite en el cotejo que hizo Ferreres de las diferencias entre el valor de producción de un trabajador en los EEUU, de u$s110.031, y u$s24.377 en la Argentina, así como en el valor medio del ingreso promedio: u$s56.084 en el primer caso y u$s13.046 en el segundo.

El economista concluyó que "el perjuicio de no respetar la Constitución y las leyes tiene como principal consecuencia la creciente pobreza, el desempleo y la alta informalidad, mientras que del lado de las empresas se refleja en la pérdida de valor: la mitad del promedio estimado para América Latina y la cuarta parte de la que tienen en los países emergentes del sudeste asiático".

"Contar con Instituciones sólidas permite tener mejor economía, nivel de vida y situación social", Orlando Ferreres

El pensador Santiago Kovadloff se lamentó que hoy "la Argentina es un país fuera de la ley". Y en tiempos en que se conmemora 30 años de la vuelta a la vida en democracia destacó: "Hemos durado en la continuidad, la pregunta es si nos hemos desarrollado. La deuda con la vida constitucional es lo que permite entender por qué la Argentina sigue siendo un país que se encuentra más cerca del pasado que del porvenir. Somos hombres del virreinato, del aislamiento, conservados a salvar su fragmento", aseguró.

La buena noticia, según Kovadloff, es que "hoy ocurrió algo impensado, un grupo de empresarios convocó a un economista, a un constitucionalista y a un filósofo, para analizar el vínculo entre la Constitución y el desarrollo, un fenómeno impensado en muchos años".

Mientras que el experto Daniel Sabsay se inquietó porque "el asalto a la Justicia no ha parado, porque se avanza en la cultura de la impunidad, como ocurre con el caso del vicepresidente de la Nación".

Desde la visión del constitucionalista, "no tenemos que dejar en manos del gobernarte las posibilidades de cambiar las reglas. De la Constitución nos tenemos que apropiar todos, no sólo los constitucionalistas. La Constitución es amiga y nos protege", enfatizó.

Sabsay reclamó "reformar la ley del Consejo a la Magistratura", y propuso que "no tiene que haber legisladores en ese Consejo, sino juristas designados por su idoneidad".