"La venta de productos de factura industrial, o comprados en el exterior por modistas o sastres, plomeros y productores o vendedores de artículos varios de uso del hogar, constituirá una infracción y llevará a la aplicación de una contravención a quien realice esa actividad", le explicó la viceministra de Trabajo, Marta Elena Feito, al diario oficial Granma.
Por su parte un asesor del ministerio, José Barreiro, destacó que "la medida entró en vigor para su ejecución inmediata, según lo descrito en el Reglamento del Trabajo por Cuenta Propia y en el Código Penal". Los funcionarios no precisaron el monto de las multas.
La medida busca impedir que trabajadores privados o "cuentapropistas" con licencia de modistas o sastres se dediquen a vender ropa, ya que sólo están autorizados a confeccionarla o arreglarla.
La venta de vestuario importado ha proliferado al amparo de las reformas económicas de Raúl Castro, porque los cubanos lo prefieren por su precio y calidad. Esta ropa -procedente principalmente de Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, Panamá y España- llega a la isla por diversas vías, e incluso es ingresada por viajeros cubanos que se dedican a esta actividad.
Además, otros trabajadores privados han instalado puestos donde ofrecen -generalmente a mejores precios que en las tiendas del Estado- artículos de ferretería importados o sustraídos de almacenes estatales, o revenden productos adquiridos en los comercios oficiales.
El gobierno comunista amplió la semana pasada el trabajo privado con 18 nuevos oficios, entre ellos el de agente inmobiliario y de distribuidor de equipos y servicios de telecomunicaciones, formalizando actividades que se realizaban en la isla desde hace tiempo en forma ilegal.
Con esa ampliación suman 201 los oficios por "cuenta propia" autorizados en el marco de las reformas económicas, que buscan hacer eficiente el agotado modelo centralizado, de corte soviético, que la isla siguió durante medio siglo.
Granma recordó el jueves pasado que el Código Penal tipifica como delito la obtención "de mercancías u otros objetivos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia", lo que se castiga con tres meses a un año de cárcel o una multa de cuatro a 12 dólares, o ambas.
En la isla, que tiene 11,1 millones de habitantes,
se ganan la vida como trabajadores privados.
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