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La semana pasada, el golpe fue duro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inaplicables varios artículos del paquete de medidas denominado "Reforma Judicial", una de las últimas grandes batallas de la Casa Rosada.
Las leyes fueron aprobadas por el Congreso en el marco de la llamada "democratización de la Justicia", pero el Gobierno ya las considera perdidas. Mediante tres acordadas, y por unanimidad de los siete jueces, el máximo tribunal impugnó las leyes sobre la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso al Poder Judicial y la publicación de sentencias de los tribunales.
En la misma secuencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó una medida cautelar que suspendió de manera provisional la aplicación de un artículo de la ley de Mercado de Capitales que prevé la intervención de la Comisión Nacional de Valores en una empresa si se considera que pudo haber "vulneración" a los intereses de accionistas minoritarios. Una pieza clave en la pelea de la Casa Rosada contra el Grupo Clarín. La sala A del Tribunal de Apelaciones, falló en base a un planteo de Clarín, pero la medida queda vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo acerca de la validez de esa norma.
La Cámara ordenó la suspensión de la aplicación del inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la Ley 26.831.
La tercera derrota en la misma semana llegó, otra vez, con la Corte Suprema, al confirmarse la ratificación de la medida cautelar de la Cámara Civil y Comercial que había frenado la expropiación del predio ferial de Palermo, adquirido por la Sociedad Rural en 1991.
La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner, fue la principal impulsora de intervención estatal del predio, en una suerte de continuidad del conflicto contra las entidades rurales, iniciado en 2008. Con un fallo mayoritario, de cinco votos contra dos, los ministros consideraron que el recurso presentado por el Estado nacional estuvo fuera de los términos procesales establecidos por la ley.
En los pasillos de Tribunales sostienen que el principal problema del Gobierno con la Justicia es que la Casa Rosada dejó de tener un interlocutor válido con Comodoro Py y que la ausencia de un operador fuerte condiciona la efectividad de ciertas medidas.
El poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tampoco tuvo suerte. A principios de mes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una de las causas que se iniciaron por las multas que la Secretaría de Comercio Interior les aplicó a consultoras privadas por difundir índices alternativos de precios. La Sala II de la Cámara no hizo lugar al recurso extraordinario que presentó Comercio Interior para llegar al máximo tribunal y ahora el Estado tiene la posibilidad de recurrir directamente ante la Corte a través de un recurso de queja.
A comienzos de esta semana hubo otro golpe que se sintió fuerte en el despacho del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario por el cual el Estado nacional pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta resolviera su pedido de ser parte querellante en la investigación por la tragedia ferroviaria de Once. Al Estado, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, sólo le queda la alternativa de recurrir en queja, cuyo recurso no tiene efectos suspensivos y cuenta con menos chances que con el recurso extraordinario que ya fue rechazado.
En julio pasado, la Corte Suprema firmó una resolución intimando a la provincia de Formosa y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a reformular el cronograma de actividades para la realización del censo que permita interceder en el conflicto entre el Gobierno y la comunidad Qom La Primavera.
La antesala al revés en el escándalo con la empresa de aviación LAN llegó de la mano de dos empresas de taxi aéreo. La Justicia Federal primero suspendió el desalojo de hangares en el aeroparque Jorge Newbery de las empresas de taxis aéreos: Mac Air y Tango. Esas medidas cautelares funcionaron como antecedente para que LAN siga el mismo camino. El juez federal en lo Civil y Comercial N 11, Carlos Héctor Álvarez, dictó las medidas cautelares en una decisión que "deja sin efecto el desalojo del hangar y todas las consecuencias".
Lo que venía después de eso tuvo su colofón final. La jueza Claudia Rodríguez Vidal frenó el desalojo de LAN del hangar de Aeroparque hasta que se defina la legalidad de la decisión tomada por el Gobierno a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), a horas de cumplirse el plazo máximo de 10 días.