La Cámara de Casación benefició a Jaime en un caso de corrupción

La Justicia volvió a beneficiar a Ricardo Jaime en una causa por corrupción. Los mismos camaristas de Casación que abrieron  el camino para cerrar el caso Ciccone donde está imputado el vicepresidente Amado Boudou, pusieron al borde del cierre uno de los primeros expedientes por corrupción en los que el ex secretario de Transporte iba a sentarse en el banquillo de los acusados.

Los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky atendieron el pedido de Jaime y declararon nulo el llamado a juicio oral y público que hizo el juez Julián Ercolini en un caso de dádivas. Con esa resolución de Casación quedaría prescripto el caso en el que se iba a juzgar a Jaime y a los empresarios de Trenes de Buenos Aires (TBA) porque le pagaban viajes de placer en taxis aéreos al funcionario que debía controlar cómo llevaban adelante la explotación del ferrocarril Sarmiento y Mitre.

Junto con la de los aviones tramita la otra causa por dádivas que estaba sumada a la de los aviones: el pago del alquiler del departamento donde vivía Jaime por parte de la Terminal de Ómnibus de Retiro, concesión que estaba bajo supervisión de la secretaría de Transporte. Jaime pidió a Casación lo mismo que logró en el caso de los aviones. Pero en el caso de los alquileres le toca resolver a otra sala de la Casación.

Como era un delito de pena menor el juicio lo iba a hacer el juez Ercolini. Y el llamado a juicio es una de las instancias que suspende el paso del tiempo y evita la prescripción. Desde 2012 que Jaime comenzó a presentar recursos tratando de conseguir que el caso quedara cerrado por el paso del tiempo.

Los jueces Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide procesaron a Jaime y los empresarios por los casos de los aviones y los alquileres. La Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos y acumuló las dos causas para un solo juicio por el mismo delito. El fiscal del juicio es Guillermo Marijuán, quien elevó a juicio el expediente en 2010. En diciembre de 2012 se prescribía la causa -que tiene un máximo de dos años de prisión- y en octubre de ese año Ercolini hizo la convocatoria al juicio, acto que suspendió el paso del tiempo.

Para demorar el llamado a juicio, en agosto de 2012, Jaime recusó al juez por temor de parcialidad. Ercolini -como casi todos los jueces federales- investiga a Jaime por otro caso de corrupción: la compra de vagones de subte a la empresa china CITIC en la que se habrían pagado sobreprecios. El juez rechazó la recusación. Pero en septiembre Jaime apeló en la Casación e insistió con la recusación. Cuatro días después de la citación a juicio Jaime pidió la nulidad de ese acto. El fiscal del caso se opuso. Los empresarios se sumaron a los planteos y llegaron a conseguir el fallo favorable de la Casación.

Con en el caso de la apertura de un recurso que puede dejar a Boudou a salvo de la investigación del caso Ciccone, los jueces Hornos y Borinsky votaron en conjunto para ayudar a Jaime. En cambio se opuso a declarar la nulidad del llamado a juicio el camarista Juan Carlos Geminiani. La resolución fue firmada el 11 de julio pasado. Y antes de darle una mano a Jaime dijeron que no había motivos para recusar a Ercolini.

En Tribunales -jueces, fiscales y camaristas- aseguran que con esta decisión el caso ha prescripto. La única posibilidad de que se revea esa situación es que Ricardo Wechsler, fiscal de Casación, plantee un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

En menos de quince días la Justicia benefició a Jaime con la prescripción del juicio por dádivas, con la suspensión del juicio en Córdoba por robo de pruebas y con la exención de prisión cuando se le había dictado su captura y estaba prófugo de la Justicia. Estos hechos confirman que Jaime, sigue -como dijo hace poco- formando parte del "proyecto nacional y popular". Y nadie le ha soltado la mano.