Así lo informó el titular de la filial cordobesa de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Carlos Vicente, quien advirtió que "una vez más el gobernador De la Sota, bajo el argumento del impacto ambiental, pone en escena su naturaleza conservadora al tomar la decisión arbitraria de dejar sin un servicio plural de comunicación, que es un derecho humano, a más de medio millón de cordobeses".
Por intermedio de la Secretaría de Ambiente de la provincia, el gobierno 'delasotista' ordenó en diciembre pasado la clausura de la antena TDA en Río Cuarto y, con el mismo argumento, lo hizo el jueves de la semana pasada en la localidad de Leones y ahora en Villa María.
En todos los casos las antenas fueron instaladas por el Sistema Satelital Argentino de Telecomunicaciones (Arsat) para la distribución de las programaciones de la Televisión Digital Abierta, pública y gratuita, que tiene como principal objetivo "un servicio de comunicación inclusiva, plural, libre y gratuita", resaltó Vicente.
"Se trata de un servicio público que tiende a satisfacer un derecho humano, no estamos hablando de la clausura de un comercio ni de un boliche. Por lo tanto, si hay temas que corregir, los organismos debemos hacerlo en un marco de diálogo, de aspectos técnicos y otros factores, pero no de una clausura directa y arbitraria de fuerte contenido político e ideológico", consideró el funcionario.
Vicente sostuvo que "De la Sota está privando a más de medio millón de cordobeses del derecho a acceder a una programación plural y diversa", que se transmite por los canales de la TDA, porque "las antenas ya tenían más de un año funcionando".
En todos los casos "se presentaron los estudios de impacto ambiental, aprobados oportunamente" y sobre los cuales los organismos provinciales y nacionales firmaron los convenios respectivos para las habilitaciones de las antenas, agregó.
"En el país hay 67 antenas de TDA instaladas por Arsat y no tienen problemas. Las que están en Córdoba tienen las mismas características, por lo tanto prohibir su funcionamiento argumentando cuestiones ambientales no se ajusta a la realidad", opinó Vicente.
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