El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pedirá en los próximos días al Parlamento autorización para iniciar conversaciones con la banda terrorista ETA, que hace tres meses declaró un alto el fuego permanente, para tratar de poner fin a cuatro décadas de violencia.
Zapatero se comprometió a comparecer en el Congreso de los Diputados antes de que acabe este mes de junio y se inicie el periodo de vacaciones parlamentarias hasta septiembre próximo.
La principal incógnita es si contará con el apoyo del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), que recientemente le retiró su respaldo por entender que está siguiendo un calendario marcado por ETA y por su brazo político, el ilegalizado Batasuna.
El líder del PP, Mariano Rajoy, no despejó ayer esa interrogante, al afirmar que "no se puede acabar con la banda terrorista a cualquier precio" y que si el Gobierno "negocia con la banda sobre lo que pide, eso es ir contra la ley".
El resto de partidos parlamentarios ya han anticipado su apoyo total a Zapatero para que se sienten las bases de un diálogo con ETA que acabe con una actividad terrorista que se ha cobrado más de 800 vidas.
Las vísperas de la comparecencia parlamentaria del jefe del Gobierno español están marcadas por las últimas actuaciones del juez antiterrorista Fernando Grande-Marlaska, que ha citado a declarar, por un presunto delito de colaboración con ETA, al dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV, que desde hace dos décadas encabeza el gobierno regional en el País Vasco) Gorka Aguirre.
Grande-Marlaska, que también ha llamado como testigo al ex presidente del PNV Xavier Arzalluz, acusa a Aguirre de haber actuado como intermediario en el cobro del llamado impuesto revolucionario, fuente de financiación de la banda terrorista vasca.
Las dos comparecencias están relacionadas con la operación policial llevada a cabo la pasado día 20 en España y Francia, con la detención de doce personas, para desarticular la red de extorsión de ETA.
Gorka Aguirre, encargado de relaciones exteriores del PNV e interlocutor en las negociaciones que condujeron a la tregua de 1998 (cuando gobernaba en España el PP con José María Aznar), contactó el pasado mes de abril con esa red de extorsión, según las acusaciones judiciales.
El PNV salió hoy al paso de la decisión de Grande Marlaska -que en breve deberá dejar su juzgado en manos de Baltasar Garzón, al que sustituía- y expresó hoy su apoyo al "trabajo (de Aguirre) en la búsqueda de caminos para la paz".
Desde el gobernante Partido Socialista (PSOE), su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, se mostró convencido de que el PNV es un partido democrático y de que ni sus dirigentes ni sus militantes "tienen nada que ver con redes de extorsión".
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