Tribunal condena al Ejército de Perú por ejecuciones extrajudiciales en Putis, pero absolvió al militar responsable Luis Grados Bailetti

La Cuarta Sala Penal presidida por la jueza Miluska Cano responsabilizó a efectivos del Ejército de la masacre de casi un centenar de personas en la localidad de Putis, en Ayacucho, cometida en diciembre de 1984. No obstante, se absolvió al entonces jefe de la patrulla Lince, Luis Óscar Grados Bailetti, por falta de certeza sobre su participación en los hechos.

El tribunal calificó la masacre de Putis como una grave violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad. La magistrada explicó que los crímenes ocurrieron en un contexto donde, en 1983, Sendero Luminoso se había infiltrado en la región, obligando a la población a refugiarse en los cerros, y que en 1984 se estableció una base militar en Putis y Ayahuanco, operada por efectivos de la 2da División de Infantería del Ejército.

Se demostró que las víctimas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas mientras se encontraban en una situación de indefensión, y que las mujeres fueron previamente violadas. Los militares cometieron estos crímenes bajo la acusación de que las víctimas colaboraban con Sendero Luminoso.

La Sala también recogió testimonios de que los militares habían prometido protección a los pobladores refugiados, incitándolos a bajar de los cerros con banderas blancas para luego ser sometidos a ejecuciones extrajudiciales. Los testimonios describieron cómo las personas fueron forzadas a cavar una zanja, bajo la falsa promesa de construir una piscigranja, antes de ser asesinadas y enterradas en fosas comunes.

El tribunal destacó que los 92 restos exhumados presentaban signos de ejecución con arma de fuego, principalmente en la cabeza, según el informe forense. Sin embargo, el caso quedó reservado para dos militares en calidad de reos ausentes y contumaces: el entonces jefe político-militar y comandante de la 2da División de Infantería de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, y el miembro del Estado Mayor, Juan Briones Dávila. La investigación también continuará para identificar a otros militares con los seudónimos ‘Lalo’ y ‘Baretta’, entre otros.

En 2023, la Defensoría del Pueblo reiteró que 92 de las víctimas de la masacre de Putis aún no han sido plenamente identificadas, permaneciendo con códigos numéricos desde el funeral colectivo realizado en 2009. Los familiares de las víctimas exigen la identificación completa y justicia para sus seres queridos por los hechos ocurridos entre 1980 y 2000 en la región.

De las 123 víctimas iniciales, solamente 28 han sido identificadas mediante pruebas de ADN. La propuesta actual consiste en asignar nombres a las tumbas que, hasta ahora, solo tienen códigos numéricos. Esta medida busca brindar consuelo a los deudos y avanzar en el proceso de memoria y reparación hacia las víctimas.

Richard Olivera, coordinador del Módulo Defensorial en Huanta, enfatizó la importancia de reconocer individualmente a cada víctima para honrar su memoria. Asimismo, pidió continuar con el proceso penal contra los responsables de la masacre, en sintonía con las demandas de justicia de los familiares.

El caso de Putis se remonta a 1984. Desde entonces, los deudos aún no han obtenido justicia. En materia de derechos de las víctimas y sus familias, la Ley N.° 28592, que establece el Plan Integral de Reparaciones, incluye mecanismos de reparación integral como compensación económica y acceso a servicios básicos bajo la coordinación de una Comisión Multisectorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aunque este enfoque reconoce oficialmente el impacto del conflicto, todavía se requieren pasos adicionales para su plena implementación.