La Libertad: Poder Judicial ratifica condena de 20 años para el feminicida Pedro Tacanga

La Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó una condena de 20 años de prisión a Pedro Tacanga Roña por el crimen de Solange Aguilar Vega, el cual se registró en marzo de 2022 en la ciudad de Trujillo, La Libertad. El veredicto se emitió tras hallarlo culpable de feminicidio, tras un lamentable suceso donde la joven de 21 años fue empujada desde el octavo piso de su domicilio.

Tacanga Roña fue incluido en la nómina de personas más buscadas por el Ministerio del Interior luego de evadir la justicia, cuando se le revocó una medida precautoria y se ordenó su prisión preventiva en mayo de 2022. La sentencia, dictada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, incluye además la pérdida de la patria potestad del hijo que Tacanga tenía con Aguilar, y establece el pago de una indemnización de 100 mil soles por concepto de reparación civil.

Después de ser prófugo, el feminicida fue capturado el 12 de junio de este año, fecha desde la cual se contabiliza el cumplimiento de su condena. Su detención fue posible tras la determinación de la corte de aplicar nueve meses de prisión preventiva como medida cautelar durante la fase de investigación. El abogado de Tacanga, Juan Carrasco Millones, ha manifestado discrepancias con la reconstrucción de los hechos, aunque no ha logrado modificar el curso de la condena.

Este caso ha resaltado la importancia de la rigurosidad en los procesos judiciales relacionados con el feminicidio en Perú y refleja el compromiso del sistema de justicia con abordar con seriedad los crímenes contra las mujeres. A su vez, subraya la relevancia de las medidas de prevención y protección a víctimas de violencia de género.

En Perú, la brecha entre las condenas por feminicidio y las efectivas reclusiones en penales refleja falencias en el sistema de justicia, según revela un informe de El Comercio. Durante el 2022, mientras 348 personas fueron sentenciadas por este delito, solo 72 ingresaron a un centro penitenciario.

En el año anterior se registraron 293 sentenciados, de los cuales 79 fueron efectivamente recluidos. Las estadísticas apuntan a que un 40% de los detenidos por feminicidios están en prisión preventiva, dejando una gran cantidad sin cumplir la totalidad de su condena. Desde la implementación de la Ley 30364 en 2015, destinada a combatir la violencia contra las mujeres, hasta el 2022, 1.248 personas han sido condenadas por feminicidio, pero solo 451 han ingresado a prisión.

La prolongada duración de las investigaciones fiscales, que pueden extenderse entre 2 y 4 años, contribuye a la impunidad, ya que los agresores pueden evadir la justicia dilatando el proceso o incluso abandonando el país. Diana Portal, de la Defensoría del Pueblo, destaca las dificultades para iniciar investigaciones por feminicidio debido a trabas burocráticas y cambios frecuentes de fiscales que reinician el proceso desde cero.

Este escenario es criticado por agrupaciones como Familias Unidas Por Justicia, que denuncian la lenta respuesta legal ante más de 60 casos sin resolver. Recientemente, la legislación peruana ha tomado medidas para no permitir la caducidad de las requisitorias en casos de feminicidio, una modificación impulsada por el Decreto Legislativo N.° 1575.

Sobre el perfil de los feminicidas, el reporte del INEI desmiente la existencia de un estereotipo único, con registros que muestran desde jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de 60, abarcando diversos niveles educativos. Esta variedad desafía el concepto de que los feminicidas responden a un único patrón psicopatológico o social.

Al contrario, Portal enfatiza que el feminicidio es un reflejo del machismo arraigado y las dinámicas de poder que perpetúan la violencia de género. El entendimiento de los feminicidios, influidos mayoritariamente por celos y violencia familiar, subraya la urgencia de implementar educación con enfoque de género e igualdad.