La única mina de coltán de Europa está en Galicia y la Justicia la ha paralizado: “Niveles alarmantes de metales pesados”

Esta semana, Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ourense contra Strategic Minerals, la empresa concesionaria de la mina de A Penouta, la única explotación en toda Europa de coltán, el ‘oro negro’ del siglo XXI. El grupo ecologista ha llevado un informe ante la justicia que certifica que los niveles de cadmio presentes en las muestras recogidas en las inmediaciones de la explotación “superan 112 veces el máximo legal” y los niveles de arsénico “están 30 veces por encima de los límites permitidos”.

La denuncia supuso el inicio de una nueva batalla con comunicados y contracomunicados entre la compañía minera internacional Strategic Minerals Europe - un filial de la canadiense IberAmerican Resources que cotiza en la Bolsa Neo de Toronto y en la Bolsa de Valores de Frankfurt y que tiene como filial en España a Strategic Minerals Spain- y Ecologistas en Acción, la confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda España.

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La última disputa entre los dos grupos comenzó el lunes, 6 de mayo, cuando los ecologistas anunciaron a través de un comunicado que interpondrían una denuncia tras constatar en un informe que los niveles de metales pesados sobrepasaban con creces los permitidos por ley: “En la denuncia formulada tanto contra la empresa minera como contra los principales directivos de IberAmerican Resources, se expone que estos serían presuntamente responsables de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas”.

El grupo explicaba que “los análisis realizados por un laboratorio acreditado en cauces fluviales y traídas de agua aledaños a la explotación minera mostraran niveles alarmantes de metales pesados”, de manera que se constataban sus denuncias previas que ya había instado a la paralización de la actividad. Un hecho que se remonta meses atrás.

El pasado octubre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretó la paralización cautelar de la explotación minera, que había autorizado previamente la Xunta de Galicia, ante una denuncia del grupo Ecoloxistas en Acción por lo que consideran graves impactos sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, dentro de la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats.

La paralización llegó justo cuando la explotación se encontraba en pleno crecimiento. “Ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil reparación, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo, al ser prevalente el interés general de mantener indemnes esos espacios públicos”: así detenía el TSXG la explotación a cielo abierto del yacimiento de estaño, tantalio y columbita -el coltán no es un mineral, sino el término comercial que se utiliza para referirse a estos dos últimos- que había ampliado la Xunta un año antes, concretamente en mayo de 220, cuando el Gobierno gallego concedió el permiso de la sección C. La clasificación de los recursos mineros se encuentra regulada en el artículo 3 de la Ley 22/1973 de Minas, que comprende cuatro secciones de la A a la D, y que deben ser autorizados por la autoridad competente para su explotación. En este caso, la Xunta se encargó de dar el permiso y la Justicia de paralizarlo.

El pasado 15 de abril, la compañía anunciaba a través de un comunicado que a finales de este mes de mayo el TSXG emitirá su veredicto con respecto a si continúa la paralización de la actividad de la empresa en el yacimiento de A Penouta y que retomarían su labor. A la espera que la resolución, la asociación ecologista advertía que retomar la actividad resultaba “temerario”: “Se escudan en que apenas reprocesará los lodos almacenados en los depósitos de residuos, pero para la organización ecologista esto implicará por en riesgo de ruptura unas balsas que ya están en situación crítica y cuyas fugas son precisamente responsables de la contaminación existente”. Por eso, en este primer comunicado pedían “que se adopten nuevas medidas cautelares a nivel penal para impedir los daños a la salud de las personas y a los ecosistemas” a la luz del nuevo informe.

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La contestación de la compañía minera no tardaba el llegar. El miércoles, 8 de mayo, lanzaba una nota en la que se defendían con tres argumentos. El primero es que “la actividad de la empresa nunca ha tenido influencia en el punto que señalan los ecologistas”, el segundo es que no había “ningún vertido industrial derivado de su actividad, ya que las aguas de su proceso industrial se recirculan” y el tercero es que “los datos de Ecologistas en Acción carecen de certificación alguna”. Horas después de su publicación, los ecologistas lanzaban un nuevo comunicado a modo de respuesta.

El grupo explicaba el miércoles por la tarde que las declaraciones de la empresa eran falsas y que negaban su responsabilidad ante la “elevada contaminación con metales pesados existentes” en el agua del entorno. “El negacionismo ambiental de las empresas mineras es, por desgracia, una práctica sistemática”, añadían.

No ha habido más cruces de notas, pero das dos partes se mantienen firmes en sus argumentos. En conversación con Infobae España, Strategic Minerals se reafirmaba y aseguraba que las acusaciones de los ecologistas eran infundadas y que sus informes negativos sobre la calidad del agua por la presencia de metales pesados carecía de validez y que estas no tenían sentido porque la mina se ubica geográficamente en una zona más deprimida de donde supuestamente se han cogido las muestras. Por su parte, los ecologistas garantizaban a este medio que los datos eran claros y que solo buscan evitar un desastre medioambiental que ya ha empezado y que se verá agravado si continúa la actividad minera de la compañía en A Penouta. “No tenemos nada en contra de la mina, sino de quién contamina”, recordaban. Ahora queda en manos de la Justicia tomar una decisión sobre el futuro de la mina y de su entorno.