Han pasado cinco días desde el asesinato del coronel retirado Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que las redes de extorsión carcelaria estarían detrás del crimen.

Este hecho ha resaltado un desafío que ha sido persistente durante años en el país: el control que siguen teniendo los criminales sobre actividades ilícitas aún cuando están recluidos en centros penitenciarios.

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A propósito de la situación, el presidente Gustavo Petro ha sugerido la reubicación de aquellos criminales que continúan delinquiendo desde las cárceles a sitios sin comunicación. A la par, hizo un llamado a la ciudadanía.

“Todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía, debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata. Esperamos información de la ciudadanía sobre estas prácticas que inauguro en algún momento el delincuente Pablo Escobar.”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El día en que le quitaron la vida al coronel (r) Fernández, el presidente Petro dio a entender que fue asesinado vilmente porque “estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias”.

Hay que mencionar que el director de la cárcel La Modelo no llevaba ni dos meses en su cargo cuando fue víctima del hecho de sicariato.

A pesar de la captura de José Manuel Vera, conocido con el alias de Satanás, cabecilla de la principal banda extorsionista en la capital colombiana, los bogotanos siguen siendo víctimas de este delito a nombre de la misma banda.

De hecho, no solo es Satanás quien está tras las rejas sino que serían al menos 79 miembros de la banda, llamada Los Satanás, quienes también están encarcelados desde el 2023. De acuerdo con la organización InSight Crime, muchos de ellos han sido imputados con nuevos cargos por seguir extorsionando desde prisión.

De acuerdo con el análisis de la misma organización que se encarga de investigar las amenazas para la seguridad en América Latina, “es poco probable que el encarcelamiento de más miembros reduzca las actividades (ilícitas) del grupo”.

Las cárceles en Colombia se han convertido en centros de llamadas de extorsión, donde los presos utilizan teléfonos móviles de contrabando para contactar a sus víctimas. Generalmente, estos presos exigen pagos a los residentes en territorios donde la banda tiene presencia, pero también llaman a números al azar de guías telefónicas para exigir pagos a cuentas específicas.

A pesar de los intentos de las autoridades por bloquear las señales de los teléfonos móviles en las cárceles, muchos de los inhibidores de señal están fuera de uso. Algunos han sido retirados por obsolescencia y otros por órdenes judiciales, debido a quejas de residentes cercanos a las cárceles que se veían afectados en su capacidad de hacer llamadas.

Según InSightCrime, la corrupción entre los guardias penitenciarios también facilita el acceso de los presos a teléfonos móviles de contrabando, permitiendo que las operaciones de extorsión continúen.

En Chile, por ejemplo, miembros del Tren de Aragua fueron reubicados debido a problemas de seguridad. Esa medida coincide con lo que propuso el presidente Gustavo Petro en su publicación del 21 de mayo.

Otro caso tiene como epicentro Lima, Perú, donde la banda venezolana los Gallegos sigue extorsionando a los residentes a pesar de las detenciones de muchos de sus miembros.

Con estos precedentes en el panorama, lo cierto es que mientras los miembros de bandas delincuenciales continúen teniendo acceso a teléfonos móviles de contrabando, la extorsión y otros delitos seguirán siendo un problema persistente para la seguridad pública.