Estado colombiano es responsable de la muerte de Giacomo Turra, según la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad por el fallecimiento de Giacomo Turra, un joven italiano de 24 años que visitaba Cartagena en 1995.

Según relatos, Turra ingresó a un restaurante y se encontraba en el patio cuando los propietarios alertaron a la Policía, alegando que el joven estaba agitado. Fue entonces trasladado al hospital, aparentemente restringido de brazos y piernas en la patrulla.

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“Posteriormente, lo llevaron a la estación de Policía de Bocagrande, donde fue objeto de maltrato: fue golpeado y dejado caer al suelo. Aproximadamente a las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, los mismos agentes lo abandonaron sin vida en el hospital al que lo habían llevado una hora antes. Allí se constató que presentaba múltiples contusiones en el rostro, laceraciones y heridas en el mentón, pecho y abdomen”, indicó un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entidad que representa el caso ante el Sistema Interamericano.

En respuesta, la Policía emitió un comunicado declarando que el joven había fallecido por una sobredosis de alucinógenos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y la salud, consagrados en los artículos 4, 5.1, 7, 8.1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Giacomo Turra y sus familiares”, explicó la CCJ.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó su informe anual sobre las acciones de los gobiernos de la región de las Américas y el Caribe para la protección de los derechos humanos. A lo largo de seis capítulos, el documento contiene un análisis de las visitas y recomendaciones que ha realizado en cada uno de los gobiernos, incluido el de Colombia.

En la presentación del informe, el organismo internacional se pronunció sobre la situación actual del país, expresando preocupación por falta de consensos sociales y políticos, considerados claves para hacer efectivos verdaderas transformaciones, entre ellas la paz.

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A la carencia en la implementación efectiva de acciones estatales y cambios en las políticas públicas, se suma la inquietud por la persistente violencia en gran parte del territorio nacional, de la que son víctimas, principalmente, los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“(...) la Comisión reitera su preocupación por la violencia derivada de los conflictos armados en el país y su especial afectación sobre personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, y niñas, niños y adolescentes”, señaló la Cidh.

Sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el “poco avance” en el cuarto punto, relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas.

El organismo reafirmó las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional en diciembre de 2023, cuando aseguró que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) “ha fracasado”.

En el Congreso de la República fue denunciado el bajo nivel de ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) durante 2023. Según la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, solo ejecutó el 5,8% del presupuesto del Gobierno - crédito EFE

Al respecto, consideró importante se cumpla con lo pactado en el acuerdo, señala que es indispensable promover una nueva visión en donde impere un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.

En su pronunciamiento, la Cidh destacó la aprobación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, cuya meta fijada es la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para 2026, lo que, según el Ministerio de Justicia, se traduciría en una disminución del 43% en la producción de cocaína y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.