Norma que tumbó la Corte Constitucional de la reforma tributaria de Petro le estaría costando $6,7 billones a Colombia

En una audiencia llevada a cabo el martes 14 de mayo, la Corte Constitucional de Colombia debatió sobre el futuro del controvertido fallo que anteriormente había declarado inexequible la no deducibilidad de regalías en el impuesto sobre la renta para compañías dedicadas a la explotación de recursos naturales en el país, norma que fue incluida en la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que fue aprobada en 2022 y entró en vigencia en 2023.

Este mismo, en un esfuerzo por salvaguardar miles de millones de pesos que ya habían sido recaudados bajo la norma ahora derogada, propuso la declaración de un incidente de impacto fiscal que permitiría retener estos ingresos esenciales para el presupuesto nacional de 2024.

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Así las cosas, el Ministerio de Hacienda, representado por Ricardo Bonilla, expuso durante la sesión las cifras que resaltan la importancia crítica del incidente de impacto fiscal.

“El impacto para el año en curso asciende a $6,7 billones”, precisó al agregar que “a corto, mediano y largo plazo estamos hablando de $34,9 billones”. El funcionario proyectó un aumento sustancial durante el periodo de 2025 a 2034, donde se anticipa que las cifras alcancen los $17,3 billones y $27,9 billones, respectivamente, en valor presente y flujo de efectivo anual. Para el periodo posterior a 2035, se prevé un impacto a larga escala con el país, dejando de recibir $10,9 billones.

Ante este escenario, el Gobierno nacional esbozó tres posibles estrategias para enfrentar la brecha fiscal abierta por la decisión de la Corte: incrementar la deuda pública, recortar el gasto o buscar nuevas fuentes de ingreso, siendo esta última opción considerada en forma de una nueva reforma tributaria.

“Buscar nuevos ingresos significaría la implementación de una reforma tributaria, posible a realizar en el año 2025, que no solucionaría los desafíos financieros inmediatos de 2023 y 2024″, explicó Bonilla.

El ministro, que advirtió el riesgo que representa para la estabilidad financiera del país que esta norma se caiga, también enfatizó en la intención del Gobierno de modular la aplicación del fallo de la Corte para mantener un flujo continuo de ingresos fiscales: “Lo que queremos es plantear la necesidad de modular su aplicación”.

Ante la intervención de Bonilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez hizo varios cuestionamientos.

Aseguró que el ministro señaló de manera enfática que el decreto 261 de 2023, conforme a él, sin ese decreto el recaudo por anticipo se hubiera sido de $6.9 billones, pero con él fue de $13.4 billones, es decir, que hubo un recaudo por encima de $6,5 billones y entonces la pregunta es “¿ese no sería, el decreto, el generador del problema y no la sentencia?, y, a su turno, ¿ese no fue el generador del problema y no en consecuencia la aplicación de las reglas de la regla?

Asimismo, tras lo dicho por el ministro Bonilla, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, puntualizó que con lo dicho por el funcionario, nuevamente, queda claro que la no deducibilidad de las regalías no está en discusión, ya que el fallo de la Corte no es cuestionable.

“Se está discutiendo si esos ingresos adicionales previstos por el Gobierno en el presupuesto, que son inconstitucionales, y así lo dijimos ampliamente en el debate en el Congreso durante el 2023, tienen un impacto grave en las finanzas y, por tanto, se debería pensar en un diferimiento del fallo”, explicó el dirigente gremial.

Nariño también apuntó que el gremio seguirá insistiendo en que lo que está en juego es la sostenibilidad del sector minero colombiano.