Gustavo Bolívar le pidió a Sandra Ortiz, Consejera para las Regiones de Petro, renunciar por escándalo de los carrotanques: “El Gobierno no acepta eso”

En un escándalo político que sacude a Colombia, Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, enfrenta serias acusaciones por su presunta implicación en un caso de corrupción vinculado con la negociación de sobornos en el Congreso.

Según revelaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo, destinados al senador Iván Name, presidente del Senado. Este dinero, que supuestamente facilitaría la gestión de ‘carrotanques’ para La Guajira, se habría entregado en dos maletas repletas de billetes de cincuenta mil y cien mil pesos, durante un viaje al municipio de Codazzi, Cesar.

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La situación compromete gravemente la integridad de la política colombiana, ya que pone en tela de juicio no solo a Ortiz, sino también al entorno inmediato del gobierno actual. En una conversación con Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, expresó a Blu Radio que Ortiz está dispuesta a renunciar a su cargo ante estas acusaciones.

“Estaba entrando a Catam, ellos iban para otro lado. Está muy triste, le aconsejé que se adelante porque obviamente el Gobierno no tolera esto. Un Gobierno que nunca nos ha dado una instrucción distinta a cuidar los recursos de la Nación”, señaló Bolívar.

Asimismo, en su cuenta de X, el director del DPS indicó que “Sandra Ortiz, Consejera de regiones, debe apartarse del gobierno mientras que la Fiscalía determina si es cierta la grave acusación que hace Sneyder Pinilla sobre haber llevado a Iván Name tres mil millones de la corrupción en Ungrd. Unos pocos no pueden seguir manchando un Gobierno que nos ha dado la instrucción de cuidar los recursos con máxima transparencia”.

Es de resaltar que el nombre de Luis Fernando Velasco también ha sido relacionado con la Ungrd y su tiempo como director de la entidad. A Bolívar se le cuestionó sobre si también recomienda al ministro del Interior renunciar en vista de esos nombramientos, a eso el exsenador respondió que “caigan todos los que tengan que caer”, sin embargo, no ofreció mayor detalle.

Además. Bolívar resalta la gravedad de la situación al entender que la Ungrd “actuó como caja menor” de la corrupción ya que esta entidad al estar al frente de situaciones de emergencia no tiene la necesidad de realizar licitación, eso implica que puede contratar y girar plata directamente.

El escándalo de corrupción de los carrotanques ha sacudido el ámbito político relacionado con maniobras financieras en el Congreso, involucrando la asignación de fondos millonarios a cambio de apoyo en votaciones cruciales.

En el centro de esta controversia se encuentra Sandra Ortiz, señalada por supuestas transacciones monetarias para favorecer la aprobación de reformas legislativas, en un caso que ha comenzado a denominarse ‘las carrorreformas’. Las acusaciones apuntan que estos movimientos de dinero estaban destinados a garantizar el apoyo en las votaciones de cambios significativos en la legislación, incluidas reformas de salud y ajustes al Presupuesto Nacional.

La fuente de estas afirmaciones es Sneyder Pinilla, exalto funcionario de la Ungrd, quien ha implicado a varias figuras políticas en un entramado de compra sobrevalorada de carrotanques. Estas adquisiciones, destinadas oficialmente para transportar agua a La Guajira, habrían servido en realidad como fachada para extraer recursos empleados posteriormente para influir en la aprobación de legislaciones importantes en el Congreso. Según Pinilla, la operación habría involucrado la entrega de 6.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado, habiéndose efectuado ya el pago de la mitad de este monto.

El nexo entre Ortiz y el senador Name, ambos del partido Alianza Verde, así como la conexión con Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), son claves en la investigación. Las acusaciones detallan que las reuniones para coordinar estos pagos se realizaron en lugares de alta importancia política como las Residencias Tequendama y otras oficinas cercanas a la presidencia de la República.

Este caso no solo destaca por las sumas de dinero involucradas sino también por el método supuestamente empleado para garantizar votos a favor de legislaciones clave. La utilización de recursos designados para una necesidad humanitaria crítica como es el abastecimiento de agua a La Guajira para fines políticos, ha generado especial indignación. Las reuniones y acuerdos alcanzados demuestran, según los implicados, “una profunda red de corrupción” que subyace en algunas capas del sistema político, utilizando el aparato estatal para beneficio de intereses particulares.

La información detallada por Pinilla acerca de los pagos y las figuras involucradas en el escándalo, ha provocado un llamado a investigaciones exhaustivas para esclarecer las actividades y las responsabilidades de los acusados. Se espera que el 8 de mayo haya mayor información sobre la declaración de Pinilla.