Plenaria de la Cámara dijo sí a eliminar el matrimonio infantil y a reconocer la violencia vicaria

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó proyectos claves durante la Plenaria Niñez, enfocados en erradicar el Matrimonio Infantil y en reconocer y combatir la violencia vicaria, con miras a una posterior discusión en el Senado de Colombia.

Estas iniciativas, parte del esfuerzo por proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, también buscaron ampliar la seguridad y bienestar de las mujeres frente a distintas manifestaciones de violencia de género.

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En este especial encuentro, que tuvo lugar en el marco del Mes del Niño, se presentó la notable propuesta liderada por las representantes Alexandra Vásquez por Cundinamarca y Jennifer Pedraza por Bogotá, dirigida a abolir las uniones matrimoniales de menores.

Este proyecto tiene como finalidad modernizar legislaciones que datan de 1873, poniendo especial atención en las afectaciones predominantes en niñas de sectores vulnerables. De igual manera, la iniciativa legislativa 052 de 2023 “Violencia Vicaria”, encabezada por Vásquez y respaldada por la representante Delcy Isaza, propone una definición jurídica precisa para combatir esta forma de violencia de género, la cual daña a la mujer indirectamente, a través del sufrimiento de sus hijos.

Ambas propuestas han generado un amplio respaldo dentro de la comunidad, incluyendo el apoyo de organizaciones no gubernamentales y colectivos juveniles, que ven en estos proyectos una oportunidad histórica para avanzar hacia la protección integral de la infancia y adolescencia frente a formas de violencia y abuso. Un factor destacado por los defensores de estas medidas es la alarmante estadística que revela cómo las niñas que entran en matrimonio o uniones tempranas enfrentan altos niveles de violencia.

Las preocupaciones expresadas giran en torno al impacto devastador del matrimonio infantil y la violencia vicaria en la vida de las víctimas, con consecuencias que van desde el abuso sexual hasta extremos trágicos como el homicidio. Esta atención renovada a problemáticas largamente arraigadas en la sociedad colombiana refleja un compromiso por parte de la legislatura para fomentar entornos más seguros y respetuosos de los derechos fundamentales de niños, niñas y mujeres.

Dentro de los esfuerzos generales para reforzar la protección a la infancia, también se aprobaron medidas para potenciar la lactancia materna y el acceso universal al Programa Madre Canguro, beneficiando especialmente a neonatos prematuros y de bajo peso al nacer.

Esta gama de proyectos legislativos en conjunto resalta el papel activo del Congreso en la conformación de políticas públicas que aborden de manera integral la vulnerabilidad de menores y mujeres ante diversas formas de violencia y discriminación.

En Cundinamarca y Bogotá D.C., la propuesta de establecer una Región Metropolitana, incluyendo al municipio de Soacha, ha despertado inquietudes sobre posibles incrementos en los impuestos y peajes, afectando negativamente a los habitantes de estas áreas.

La congresista Alexandra Vásquez se ha pronunciado en contra de esta medida, subrayando el riesgo de una carga financiera adicional para los ciudadanos y la posible alteración de la cohesión comunitaria. Estas preocupaciones se discutieron ampliamente en el Concejo municipal de Soacha, resaltando especialmente la potencial introducción de una sobretasa al impuesto de delineación urbana entre otras cargas económicas.

Las críticas a la iniciativa no solo se centran en las consecuencias financieras, sino también en el proceso de toma de decisiones y la inclusión comunitaria. La congresista Vásquez enfatizó el peligro de que la Región Metropolitana avance proyectos significativos sin un adecuado proceso de aprobación que involucre a las comunidades afectadas.

Destacó que la adhesión de municipios como Soacha se realiza mediante cabildos abiertos, lo cual no considera un mecanismo suficientemente inclusivo. Además, advirtió sobre las repercusiones de la especulación inmobiliaria en las zonas periféricas, que podrían enfrentar aumentos en los precios del suelo y una transformación hacia zonas residenciales, beneficiando principalmente a la industria de la construcción.

Los proyectos asociados a la creación de la Región Metropolitana, tales como la Agencia Regional de Movilidad y Centros de Intercambio Modal, también han sido motivo de controversia. Se anticipa que estas iniciativas impondrán tarifas por el uso de terminales de transporte, incrementando los costos de movilidad para vehículos particulares y transporte público intermunicipal. La falta de un proceso transparente e inclusivo en la toma de decisiones ha sido otro punto de discordia, generando dudas sobre la verdadera participación de la comunidad en la planificación de proyectos regionales.